Focalizar las ayudas PAC para garantizar la seguridad alimentaria

La Presidencia celebró en la sesión del Consejo de Agricultura y Pesca del  pasado 17 de noviembre, un debate temático sobre la Política Agrícola Común (PAC) post 2027, que esta vez estuvo centrado en la seguridad alimentaria y en la manera en cómo puede la orientación de las ayudas a la renta a garantizarla el marco de esta política.

En concreto, la presidencia preguntó a los ministros de Agricultura de los 27 en qué medida la orientación de la ayuda a la renta por superficie, y otros tipos de ayuda a la renta, que se propone en la PAC post 2027, consigue el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria.

También les cuestionó sobre cuáles son los principales riesgos para la seguridad alimentaria que las reservas de productos agrarios podrían contribuir a despejar, manteniendo al mismo tiempo la orientación al mercado de la PAC.

En su argumentario, la presidencia danesa señaló que, como consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania y de otras tensiones geopolíticas y comerciales, la seguridad alimentaria vuelve a ocupar un lugar central en los debates sobre la agricultura en la UE.

Como importante exportador neto de productos agroalimentarios, la UE no solo se encuentra en una posición fuerte en cuanto a su propia seguridad alimentaria, sino que además contribuye de forma importante a la seguridad alimentaria mundial.

Al mismo tiempo, los obstáculos geopolíticos al comercio han puesto de manifiesto vulnerabilidades relacionadas con determinados productos, como los fertilizantes, la energía y los piensos.

El cambio climático es también un reto cada vez mayor para la seguridad alimentaria en la UE.

En su propuesta de Reglamento sobre la PAC después de 2027, la Comisión propone que los Estados miembros deban garantizar que la ayuda a la renta se dirija ante todo a los agricultores cuya actividad principal sea la agricultura y que, por tanto, contribuyan activamente a la seguridad alimentaria.

A tal fin, y en particular para mantener la capacidad de producir alimentos en todas las regiones de la UE, el apoyo se dirigiría a diferentes grupos y zonas geográficas que necesiten más ayudas a la renta para seguir siendo viables.

Según la Comisión, mientras que las explotaciones agrarias familiares que reciben entre 20.000 y 50.000 euros en concepto de ayudas a la renta por superficie obtienen unos ingresos anuales de unos 50.000 euros, las explotaciones que reciben entre 75.000 y 100.000 euros por ese mismo concepto obtienen unos ingresos anuales de unos 150.000 euros.

En vista de ello, la Comisión ha propuesto reducciones, y un límite máximo total, del monto de la ayuda a la renta por superficie que un agricultor puede recibir anualmente.

Según los datos de Eurostat, en 2020 el 19% de las explotaciones agrarias de la UE, las más grandes, fue responsable de más del 90% de la producción agrícola total en valor de la UE.

Los datos sugieren que, en general, las explotaciones agrarias con mayor tamaño económico dentro de la UE contribuyen de forma importante a la seguridad alimentaria.

Dado que la estructura de las explotaciones agrarias difiere notablemente entre los Estados miembros, es esencial velar por la igualdad de condiciones en el mercado único, con unas normas comunes sólidas sobre los importes de las ayudas.

Reservas de productos agrícolas

La propuesta sobre la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrícolas después de 2027 también hace mayor hincapié en la seguridad alimentaria, en particular con medidas sobre los planes nacionales de preparación y respuesta en materia de seguridad alimentaria y con la posibilidad de establecer reservas de productos agrícolas.

El 22 de octubre de 2025, la Comisión publicó un informe, en el marco del Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria (MEPRCSA), sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para garantizar una mayor transparencia del mercado, en particular en tiempos de crisis.

Orientación de la ayuda a la renta por superficie hacia grupos específicos o con base en criterios específicos

Los Estados miembros tendrían que analizar la manera en que la ayuda a la renta debe diferenciarse por grupos de agricultores o zonas geográficas, a partir de criterios objetivos y no discriminatorios basados en los ingresos de los agricultores procedentes de su actividad agraria, a fin de garantizar que la ayuda se dirija a los agricultores más necesitados.

Entre ellos se incluyen, entre otros, los agricultores jóvenes y los nuevos agricultores, las mujeres, los agricultores familiares o pequeños agricultores, los que combinan la producción de vegetales y la ganadería, o los agricultores de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

Sin embargo, si el análisis de las necesidades de ingresos muestra que no se requieren otras formas de orientación, los Estados miembros solo estarán obligados a proporcionar mayores ayudas por hectárea a los jóvenes agricultores.

En su Estrategia de Relevo Generacional en la Agricultura, de 21 de octubre de 2025, la Comisión recomendaba que los Estados miembros dediquen al relevo generacional al menos el 6% de sus importes específicos para la agricultura.

La Comisión propone un límite máximo y un límite mínimo dentro de los cuales tendría que mantenerse la ayuda media por hectárea prevista, en cada Estado miembro, para la ayuda decreciente a la renta por superficie.

Según la Comisión, esto crearía una convergencia hacia un nivel de ayudas más parejo entre los Estados miembros que el de las prácticas actuales.

Reducción progresiva y limitación de la ayuda a la renta por superficie

La ayuda a la renta por superficie sería decreciente, y se introduciría un límite máximo al monto de esta ayuda que un agricultor puede recibir cada año. La ayuda estaría financiada al 100 % por la UE.

Definición de "agricultor" a efectos de la ayuda a la renta por superficie

Los Estados miembros tendrían que velar por que las ayudas a la renta por superficie se destinen principalmente a los agricultores que ejercen una actividad agraria y contribuyen de forma activa a la seguridad alimentaria, garantizando al mismo tiempo que la ayuda se ajuste a las normas de la OMC.

También se considerarán agricultores, si los Estados miembros así lo deciden, los pequeños agricultores cuya actividad principal no sea la agricultura pero que desempeñen al menos un nivel mínimo de actividad agraria.

Los Estados miembros tendrían que garantizar que, a más tardar en 2032, aquellos solicitantes que alcancen la edad de jubilación establecida por el Derecho nacional y reciban una pensión de jubilación dejen de recibir la ayuda decreciente a la renta por superficie.

Sin embargo, sí podrían seguir recibiendo la ayuda a los pequeños agricultores, así como otros pagos de la PAC.

Pago a los pequeños agricultores

Según la propuesta de la Comisión, los Estados miembros tendrían que ofrecer a los pequeños agricultores una forma simplificada de ayuda a la renta en forma de sumas a tanto alzado de hasta 3.000 euros anuales.

También en el caso de los pequeños agricultores, los Estados miembros tendrían que velar por que la ayuda se destine principalmente a aquellos agricultores que ejerzan una actividad agraria en su explotación y contribuyan de forma activa a la seguridad alimentaria.

Además, los Estados miembros podrían diferenciar la ayuda por grupos de pequeños agricultores o zonas geográficas y podrían establecer criterios para excluir las explotaciones que son muy pequeñas.

Pago para zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas

Los Estados miembros deberían facilitar ayudas para compensar a los agricultores por las limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la zona.

También podrían incluir en los planes de colaboración nacionales y regionales nuevas zonas con limitaciones específicas, pero estas no podrían representar más del 2% de su Superficie Agraria Útil (SAU).

Ayuda a la renta asociada

Los Estados miembros proporcionarán ayuda a la renta asociada a los agricultores de sectores específicos y en relación con productos agrícolas específicos o para ciertos tipos específicos de actividad agraria que experimenten dificultades y sean importantes por motivos socioeconómicos o medioambientales.

La ayuda asociada tendría que paliar necesidades de ingresos adicionales, a partir de criterios objetivos y no discriminatorios. Habría que minimizar las repercusiones en el mercado interior.

Las ayudas concedidas como pagos por animal se limitarían a la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de ovino y caprino, la miel y los gusanos de seda, como se hace actualmente.

En los sectores ganaderos, los Estados miembros tendrían que tener en cuenta el impacto medioambiental, por ejemplo, estableciendo criterios de carga ganadera máxima en las zonas vulnerables a los nitratos.

Las ayudas concedidas como pago por hectárea pueden incluir la ayuda a los cultivos energéticos y las gramíneas.

Los Estados miembros podrían asignar a las ayudas a la renta asociadas hasta el 20% del importe de los fondos de la UE que destinen a la ayuda decreciente a la renta por superficie, a las acciones agroambientales y climáticas, a los pequeños agricultores y al pago específico al cultivo del algodón.

Podrían añadirse cinco puntos porcentuales adicionales de ayuda a la renta asociada si ésta se destina a cultivos proteaginosos, a agricultores que combinan cultivos y ganado, o a zonas agrícolas en riesgo de abandono, en particular en las regiones limítrofes con Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Preparación nacional en materia de seguridad alimentaria y reservas

Según la propuesta sobre la Organización Común de Mercados (OCM) después de 2027, los Estados miembros tendrían que elaborar planes nacionales de preparación y respuesta en materia de seguridad alimentaria, habida cuenta de sus perfiles de riesgo específicos.

El objetivo sería mantener la disponibilidad, el acceso y la seguridad del suministro de productos agrícolas y evitar o atenuar perturbaciones en la cadena de suministros durante emergencias o crisis graves en todos los niveles territoriales.

Los Estados miembros tendrían que designar una autoridad nacional competente o un punto de contacto responsable de la coordinación de la preparación y respuesta en materia de seguridad alimentaria con otros Estados miembros y la Comisión.

Los Estados miembros podrían establecer reservas de productos agrícolas mantenidas por operadores públicos o privados para su uso con fines militares o de protección civil en situaciones de emergencia o crisis.

Los Estados miembros tendrían que velar por que se minimicen las distorsiones del mercado.

La compra de productos agrícolas destinados a las reservas se efectuaría a precios de mercado, mediante procedimientos de licitación.

La salida al mercado de productos agrícolas de las reservas tendría que llevarse a cabo de manera transparente y a precios de mercado.

La Comisión tendría la posibilidad de adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre acciones coordinadas para el establecimiento y la gestión de reservas, así como acciones destinadas a mitigar los riesgos relacionados con el suministro transfronterizo y garantizar la continuidad del suministro durante las perturbaciones.

También podría adoptar normas sobre la aplicación de mecanismos voluntarios de solidaridad y asistencia mutua mediante los cuales los Estados miembros pongan parte de sus reservas a disposición de otro Estado miembro que se enfrente a problemas graves de desabastecimiento.