La PAC que viene

• El primer objetivo español es lograr un presupuesto que asegure ayudas para los pagos directos y estar a la cabeza de los debates en Bruselas
• Diferentes posiciones coinciden en una mayor convergencia de ayudas y por el fin de los pagos por derechos históricos
• Se pueden albergar serias dudas de que las comunidades autónomas acepten cambios sustanciales en el reparto futuro de los fondos que en 2014 se hicieron solamente pensando en la estabilidad

Vidal Maté. @trigolimpio_VM

La Comisión Europea, con un proceso de consulta pública, acaba de iniciar la cuenta atrás al proceso para la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común que deberá entrar en vigor a partir de 2020. En principio, todo apunta a que hay por delante un calendario bastante ajustado para aprobar a tiempo la misma ante la existencia de procesos electorales en varios países de la UE y a las propias instituciones comunitarias en 2019, por lo que no se descartan cambios en las mismas y por ello la posibilidad de que la actual reforma se prorrogara un año más.

En el marco comunitario, en base a todas esas respuestas y posicionamientos de diferentes organismos, entidades y las propias Administraciones, la Comisión iniciaría formalmente los debates a partir del próximo otoño con la presentación de su propuesta base para las negociaciones. La actual Política Agrícola Común estará vigente hasta el año 2020 y, a diferencia de otras ocasiones, en este caso no habrá una reforma intermedia que históricamente se presentaba como de simples ajustes y que se acababa convirtiendo en reformas a la totalidad. A pesar de esa lejanía, 2017 es un año clave para el futuro de la próxima reforma ante los diferentes posicionamientos que se están poniendo sobre la mesa, tanto por parte de los expertos independientemente de las Administraciones, de algunos países con fuerte peso en el sector, como Francia u Holanda, y de las propias manifestaciones de los responsables comunitarios, comenzando por el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

En España, de cara a ese proceso, Agricultura celebrará los días 27 y 28 de marzo una Conferencia con la participación del comisario de Agricultura, Phil Hogan, de la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera y, sobre todo, con la presencia de las comunidades autónomas, partidos políticos y de todo el sector y diferentes expertos para desarrollar un gran debate sobre lo que deberían ser las grandes líneas de la nueva reforma. En base a todos esos posicionamientos, incluidos los planteados por el propio Ministerio, Agricultura elaborará un documento para debatir ante los organismos comunitarios y que sería el punto de partida en las negociaciones desde la posición española.

En el caso de la Administración española, ha sido la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la que ha recalcado en las últimas semanas la necesidad de llevar a cabo cuanto antes estas conversaciones con el sector y las comunidades autónomas para disponer ya de ese posicionamiento y no ir a en el furgón de cola de lo que se cueza en Bruselas, sino a la cabeza de los debates. Se da por hecho que Agricultura irá de la mano de la Administración francesa con quien, agresiones a los cargamentos españoles al margen en territorio galo, existen más puntos de coincidencia que diferencias, básicamente en la defensa de la política de ayudas directas. Otra cosa será la política sobre la distribución final de las mismas en cada país.

Un primer punto de partida de cara a la nueva reforma sería la disponibilidad de unos presupuestos suficientes como para mantener los actuales niveles de ayudas. En la reforma anterior, a pesar de la crisis, se logró una continuidad en el montante de los fondos que, en el caso de España, se han concretado en 35.700 millones de euros para el primer pilar o ayudas directas y otros 8.300 millones de euros para el segundo pilar o desarrollo rural. De cara al futuro, existe cierta coincidencia en medios comunitarios en mantener los niveles de ayuda, aunque los mismos, por el efecto de la inflación, suponen una pérdida progresiva de rentabilidad, por la importancia de los sectores agrario y alimentario en la UE con 22 millones de agricultores y ganaderos y 44 millones de trabajadores, siendo el primer sector en la creación de puestos de trabajo.

En todo caso, se trata de un punto que irá ligado a la aprobación del nuevo marco financiero para más allá de 2020.

Con carácter general, a la hora de abordar los debates sobre la futura reforma de la PAC, hay coincidencias para abogar por una reforma profunda; que sea mucho más simplificada para evitar que las explotaciones agrarias sean como una gestoría frente a las simplificaciones del pasado que solo supusieron complicar más las cosas; una PAC que suponga un paso adelante en la modernización del sector; una apuesta por las políticas de investigación y de innovación para ser más eficientes; que apoye unos enfoques de las producciones pensando en los mercados y las necesidades de la demanda; que apueste por una producción basada en un desarrollo sostenible cuidando del medio ambiente y el cambio climático; que logre una mejor gestión de los mercados; que apoye el relevo generacional, las políticas de créditos baratos para la incorporación de los jóvenes y, entre otras cosas más, que logre un mayor equilibrio en el desarrollo de la cadena alimentaria, hoy bajo el control de grandes grupos, sobre todo de la distribución.

En relación con la nueva reforma ya se han aireado varias propuestas desde posiciones de diferentes expertos, que se podrían concretar en tres. Una primera es la que defiende la continuidad de la PAC actual solamente con diferentes ajustes. En esta línea se abogaría por un mayor acercamiento del montante de los pagos por hectárea entre los países miembros y en un mismo país. Esta vía no descarta la posibilidad de una propuesta con un pago básico igual por hectárea que sería complementado solamente en función de los programas que hubiera en la explotación para esa superficie en relación con la sostenibilidad, el cambio climático o las emisiones. El pago verde superaría actual techo del 30%. Otros ajustes en esta misma propuesta podrían afectar al debate sobre la supresión del pago base tras la jubilación o dar una mayor flexibilidad a los países para la distribución de los pagos.

Una segunda vía, con muy pocas probabilidades de salir adelante, es la denominada como de pagos contra cíclicos, por la que, en resumen, habría más ayudas cuando los precios fueran bajos y menos en el caso de que los mismos fueran más elevados. En ese mismo modelo, un sistema de seguros podría sustituir al de los pagos directos para estabilizar los ingresos. En esta vía, los pagos se harían con retraso a la vista de los resultados de cada campaña y los niveles de ingresos de las explotaciones. A la vista de las circunstancias tan diferentes en cada territorio, esta vía, apoyada por Francia, podría suponer la posibilidad de que cada país aplicara medidas nacionales específicas junto a las comunitarias, lo que podría afectar a la unidad de los mercados.

Finalmente, una tercera vía abierta en los debates aboga por un modelo de apoyos basado casi exclusivamente en un pago verde muy revisado con muchas mayores exigencias a la vista de que las condiciones aplicadas en los últimos años no han servido prácticamente para casi nada. El objetivo sería que en la nueva reforma las exigencias para el cobro de los pagos directos fueran mucho más duras en la defensa del medio ambiente y el cambio climático.

En conjunto, dentro de los debates sobre el futuro de la PAC, hay posiciones coincidentes para el mantenimiento de los niveles globales de los fondos, pero también para una mejor redistribución de los mismos para evitar los actuales desajustes y las grandes diferencias entre países y territorios en base a unos derechos históricos que pueden desaparecer y avanzar hacia un modelo de pagos más ligados a resultados en base a un sistema de contratos o de compromisos entre los agricultores y ganaderos y las Administraciones. No se puede descartar tampoco la entrada de otros sectores en el cobro de los pagos directos en su día excluidos sin razones objetivas aparentes.

Todo indica que seguirán las ayudas pero ajustando los actuales desajustes entre estados y territorios o sectores dentro de un mismo país. Pero ese será otro debate entre Agricultura, comunidades autónomas y el sector. En la reforma anterior, Agricultura y las comunidades autónomas apostaron por la estabilidad en la distribución de los fondos por sectores y comunidades autónomas con la idea de asegurar también una estabilidad a las explotaciones en un debate donde nadie quería perder un euro, pero manteniendo también muchas situaciones injustas, con un proceso de convergencia muy débil. Si no cambian las cosas o se lleva el debate a otras instancias, para ese segundo futuro debate para redistribuir los fondos en el que ahora no se puede o se quiere entrar, primará siempre interés de cada comunidad autónoma de no perder un euro sobre la reforma anterior y que consejeros de un mismo partido tengan posiciones totalmente enfrentadas con argumentos al margen de la política agraria.

Desde los organismos comunitarios, de una forma muy resumida, se ponen sobre la mesa cinco opciones para el debate. Una primera es dejarla como está en lo fundamental, añadiendo modificaciones como la simplificación; una segunda, sería simple y llanamente su desmantelamiento; una tercera estaría basada en pagos ligados al cambio climático o al medio ambiente; una cuarta vía podría ser una posición intermedia entre los pagos directos y apoyos para gestión de riesgos; y, finalmente, una quinta estaría en la apuesta por una nueva política de redistribución de ayudas con topes en la parte alta. En todo caso, hay muchos frentes abiertos.

Parece claro que la reforma pondría fin al actual sistema de pagos por derechos históricos y que avanzará hacia un mayor proceso de convergencia de ayudas por derechos de pago frente a las actuales grandes diferencias.

Bruselas sigue además en su ofensiva de flexibilizar el concepto de activo y exigir solamente el de actividad agraria para cobrar las ayudas, por lo que se abriría una nueva discusión sobre la figura que debería ser prioritaria a la hora de recibir los fondos.

Otro debate importante sería el cobro de ayudas por parte de jubilados con la posibilidad de establecer para ellos otras compensaciones por relevo generacional.

Y, finalmente, no se puede dejar a un lado el hecho de que las políticas de ayudas articuladas en cada país para cada sector, caso concreto de frutas, han supuestos agravios para productores que operan en un mismo mercado, con apoyos diferentes que destrozan su competitividad.

Todo ello, en las mesas de debate a partir del próximo otoño.