El PE y el sector pesquero suman fuerzas para modificar el Plan del Mediterráneo

La eurodiputada y presidenta del Comité de Pesca del Parlamento Europeo (Comité PESCH) Carmen Crespo, presentó el pasado 22 de junio, junto a representantes del sector pesquero español y europeo las principales líneas estratégicas de su Informe de Implementación sobre el Plan Plurianual para las pesquerías demersales del Mediterráneo occidental (West Med MAP), una propuesta que busca corregir los problemas detectados durante los seis años de aplicación del reglamento y garantizar el futuro de la pesca mediterránea.

La comparecencia, celebrada en el Parlamento Europeo, coincidiendo con Consejo Europeo de Agricultura y Pesca, contó con la participación del vicepresidente de Cepesca y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart, y del presidente de Europêche, Javier Garat, con quienes Crespo trasladó un mensaje común a la Comisión Europea para acelerar la reforma del Reglamento del Mediterráneo.

Crespo recordó que “la aplicación del reglamento ha supuesto una reducción del 44% de las posibilidades de pesca en los últimos siete años, pasando de 230 días de actividad en 2019 a apenas 130 en 2026, lo que ha llevado a muchas embarcaciones a trabajar solo tres meses al año, una situación que ha calificado de “claramente insostenible”.

A ello, se suma, también, añadió "una reducción cercana al 50% de la flota mediterránea y una importante pérdida de rentabilidad de los pescadores." 

Ello, ha llevado a Crespo a “plantear la necesidad de aprovechar el actual proceso de revisión de la Política Pesquera Común para impulsar una reforma en profundidad del reglamento del Mediterráneo, que afecta a más de 15.000 embarcaciones, 36.000 empleos directos y más de 100.000 empleos indirectos”.

Además, destacó que esta reforma supone "una oportunidad que llevan reclamando nuestros pescadores de todo el Mediterráneo durante muchísimos años".

Ante esta situación, Crespo planteó una batería de medidas concretas para garantizar la viabilidad de la pesca mediterránea. Entre ellas, reclamó la eliminación del artículo 4.3 del reglamento, que vincula toda la actividad pesquera a la situación de la especie más vulnerable. Y es que, “no podemos seguir condicionando toda la actividad pesquera a una única especie cuando las realidades de los distintos caladeros del Mediterráneo son muy diferentes», señañó

Asimismo, la eurodiputada andaluza pidió establecer una media mínima de 180 días de pesca anuales por buque, limitar las reducciones de actividad al 20%, introducir mecanismos de flexibilidad en la gestión de las TAC y cuotas y la posibilidad de trasladar entre ejercicios parte de las posibilidades de pesca. 

De igual modo, el informe plantea poner fin a la doble regulación de la gamba roja, que actualmente está sometida a una doble limitación y que “el sector considera injustificada”, dijo Crespo.

Informes científicos y actualizados

La presidenta de la Comisión de Pesca también reclamó que la toma de decisiones incorpore no solo los informes científicos europeos, sino también los estudios nacionales, que evidencian la mejora de numerosos caladeros gracias al esfuerzo realizado por los pescadores en materia de sostenibilidad y selectividad.

Asimismo, Crespo exigió una mayor utilización de los estudios elaborados por los institutos científicos nacionales, ya que "ha habido informes contundentes de los países que no se han utilizado y que podían haber ayudado a establecer un mayor equilibrio en las decisiones”. 

A este respecto, Crespo inistió en que “la reforma futura tanto del Mediterráneo como PPC debe partir de la realidad actual de los caladeros mediterráneos y de los avances logrados por el sector en materia de sostenibilidad y selectividad”. 

Además, defendió una mayor reciprocidad con los países terceros, un refuerzo de la lucha contra la pesca ilegal y una financiación adecuada para acompañar la transición del sector y garantizar la aplicación efectiva de las medidas que se adopten en el futuro.

En este sentido, subrayó que "es el momento de que en esa gobernanza realmente haya una reciprocidad y una cooperación regional más eficaz contra la pesca ilegal.2

Frente común para la reforma

Por su parte, durante la rueda de prensa, José María Gallart respaldó plenamente las propuestas recogidas en el informe y reclamó a la Comisión Europea que acelere el proceso de revisión actualmente en marcha. 

El vicepresidente de Cepesca y presidente de FAAPE adviertió de que, además de la reducción del 44% de la actividad pesquera, el sector ha sufrido una pérdida cercana al 50% del empleo desde la entrada en vigor del plan, una situación que compromete la rentabilidad de las empresas pesqueras, el relevo generacional y la continuidad de numerosas comunicades costeras vinculadas a la pesca. 

"Ya ha llegado el momento de entrar de lleno en modificar el reglamento", afirmó Gallart, quien insistió en que "en diciembre de 2026 no podemos tener más recortes".

Por su parte, Javier Garat valoró el esfuerzo realizado por las flotas españolas, francesas e italianas para adaptarse a las exigencias del reglamento mediante medidas de selectividad, mejoras tecnológicas y la incorporación de nuevas artes de pesca más sostenibles.

El presidente de Europêche destacó que estos avances han contribuido a mejorar el estado de los recursos pesqueros y ha defendido que ha llegado el momento de corregir las deficiencias detectadas en la normativa y culminar la reforma anunciada por la Comisión Europea.

"Ahora es el momento de que la Comisión Europea nos haga caso", reclamó Garat, quien también pidió el apoyo de los Estados miembros y del Parlamento Europeo para sacar adelante la reforma.

Para concluir, Crespo defendió que la reforma del Plan del Mediterráneo debe formar parte de una revisión más amplia de la Política Pesquera Común que permita simplificar las normas, adaptarlas a los nuevos desafíos y reforzar la autonomía alimentaria europea.

La eurodiputada advirtió que "no puede ser que traigamos de fuera el 70% del pescado que consumimos en nuestra comunidad económica europea" y defendió una Política Pesquera Común "más simple, más flexible y adaptada a los nuevos tiempos, capaz de compatibilizar sostenibilidad, rentabilidad y autonomía alimentaria para Europa."