Luz verde del PE a las medidas para prevenir y reducir el desperdicio de alimentos

La legislación introducirá objetivos vinculantes de reducción del desperdicio de alimentos, que deberán cumplirse a escala nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2030: 10% en el procesamiento y fabricación de alimentos y 30% per cápita en el comercio minorista, los restaurantes, los servicios de alimentación y los hogares.

Estos objetivos se calcularán en comparación con la cantidad de desechos generados de media anual entre 2021 y 2023.

A petición del Parlamento, los países de la UE tendrán que adoptar medidas para garantizar que los agentes económicos que desempeñan un papel importante en la prevención y generación de residuos alimentarios (que deben identificarse en cada país) faciliten la donación de alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo humano.

De conformidad con las normas de segunda lectura legislativa, la presidenta anunció al Pleno la adopción de la ley.

El Consejo ya dio su visto bueno al texto a principios de verano.

La nueva normativa será firmada ahora por ambos colegisladores, antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE). 

Los países de la UE dispondrán de veinte meses a partir de su entrada en vigor para trasladar las normas a la legislación nacional.

En julio de 2023, la Comisión Europea propuso una revisión de las normas de la UE sobre residuos, centrada en los desechos alimentarios y textiles. Cada año se generan en la UE casi 60 millones de toneladas de residuos alimentarios (132 kg por persona) y 12,6 millones de toneladas de residuos textiles.

Solo la ropa y el calzado representan 5,2 millones de toneladas de residuos, lo que equivale a 12 kg de residuos por persona cada año. Se estima que menos del 1% de todos los textiles en todo el mundo se reciclan en nuevos productos.