La CE evalúa la Directiva de PCD en la cadena agroalimentaria

La Comisión Europea publicó su informe, que resume las principales conclusiones de la primera evaluación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (PDC) en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Los resultados de la evaluación muestran que, aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, la Directiva ya contribuye a promover un entorno empresarial más justo y equilibrado en la cadena agroalimentaria de toda la UE.

El informe de evaluación contribuirá directamente a la reflexión de la Comisión, que tiene previsto revisar las normas sobre prácticas comerciales desleales.

Esta revisión evaluará cómo proteger mejor a los agricultores contra las PCD y, en particular, cómo evitar que se les obligue a vender sistemáticamente sus productos por debajo de los costes de producción.

Principales conclusiones

Si bien la evaluación de la Directiva aún no ha arrojado conclusiones claras sobre su eficacia, existen indicios alentadores de prevención y lucha contra las prácticas comerciales desleales, ya que una mayor confianza en la cadena agroalimentaria ha contribuido a una cultura empresarial más responsable.

Esto confirma que la legislación sigue siendo pertinente para abordar los desafíos a los que se enfrentan los agricultores y los pequeños proveedores, quienes a menudo tienen un menor poder de negociación en la cadena agroalimentaria.

En general, el número de investigaciones y medidas de ejecución por parte de las autoridades nacionales aumentó gradualmente, con más de 4.500 investigaciones abiertas entre 2021 y 2024.

Aproximadamente un tercio de las investigaciones cerradas entre 2021 y 2024 detectaron una infracción, lo que dio lugar a 754 casos y 41,9 millones de euros en multas entre 2022 y 2024, lo que muestra una tendencia al alza y una creciente implicación institucional con las prácticas comerciales desleales.

Al mismo tiempo, los datos de la encuesta sugieren que los agricultores y proveedores notifican un bajo número de prácticas comerciales desleales, en particular debido al temor constante a las represalias.

en este sentido, las organizaciones de productores (OPs) y otras organizaciones de proveedores, incluidas las de terceros países, podrían desempeñar un papel más importante apoyando a los proveedores individuales y presentando denuncias en su nombre.

El informe también señala que las autoridades nacionales de ejecución siguen infrautilizando las investigaciones proactivas.

Al mismo tiempo, las denuncias anónimas han demostrado ser una fuente valiosa, que ayuda a las autoridades nacionales de ejecución en las investigaciones. Todas estas conclusiones deben considerarse en el contexto del período relativamente corto desde que la Directiva entró en vigor.

Seguir mejorando

El informe destaca áreas donde es necesario seguir avanzando. Aún es necesario mejorar el conocimiento de la Directiva entre agricultores y pequeños proveedores, así como el acceso a la información.

Podría reforzarse aún más la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la normativa en casos transfronterizos.

La Comisión ya ha actuado al respecto, y su  reciente propuesta , alcanzada por los colegisladores el 10 de noviembre, supone un paso hacia la mejora de la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales.

En cuanto a la eficiencia, la evaluación concluye que los costes de aplicación de la Directiva son proporcionales a los beneficios, especialmente si se consideran los productores primarios y los pequeños proveedores.

Nivel mínimo de protección

La evaluación también confirma que la Directiva es coherente con otras intervenciones de la UE, sin encontrar conflictos ni incoherencias, y que aporta valor añadido a la UE.

Si bien los Estados miembros de la UE implementaron la Directiva de diferentes maneras, lo que en ocasiones generó dificultades para las empresas que operan en distintos Estados miembros, los agricultores y los pequeños proveedores se benefician, gracias a la Directiva, de un nivel mínimo de protección contra prácticas comerciales desleales armonizado en toda la Unión.

El informe que resume las principales conclusiones de la evaluación se compartirá con el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. 

El informe también destaca áreas en las que el marco de prácticas comerciales desleales y su aplicación podrían reforzarse aún más, incluso mediante una actualización de la Directiva.

A partir de esta evaluación, y como se anunció en el discurso sobre el Estado de la Unión de 2025 de la presidenta von der Leyen, la Comisión tiene la intención de revisar la legislación de la UE sobre prácticas comerciales desleales. 

Una prioridad clave para la Comisión es fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y protegerlos de las prácticas comerciales desleales, en particular para garantizar que no se vean obligados a vender sistemáticamente sus productos por debajo de los costes de producción.

En la cadena de suministro agrícola y alimentaria, los grandes desequilibrios en el poder de negociación entre compradores y proveedores pueden dar lugar a prácticas comerciales desleales, como la imposición de condiciones contractuales unilaterales o la transferencia de riesgos económicos desproporcionados.

Para proteger a los agricultores y proveedores, la Directiva 2019/633 sobre PCD en las relaciones entre empresas (la Directiva) establece una norma mínima de la UE contra dichas prácticas, al tiempo que permite a los Estados miembros mantener o introducir normas nacionales más estrictas.

La Comisión debía evaluar la eficacia con la que los Estados miembros aplicaban la Directiva para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, así como la cooperación entre las autoridades competentes a nivel nacional, incluyendo sugerencias para mejorar dicha cooperación cuando fuera necesario.

Para respaldar la evaluación, el Centro Común de Investigación (CCI) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural realizan encuestas anuales en todos los países comunitarios.

Informe: