Una ley de despacho contra el campo

Pedro Barato. Presidente nacional de ASAJA

Hay leyes que nacen del desconocimiento. Y otras, peor aún, que se redactan desde el desprecio. La propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una decisión tomada en un despacho, de espaldas al campo, impuesta sin estudio de impacto, sin diálogo real. Y no es la primera vez que ocurre.

Quienes redactan estas medidas no conocen ni quieren conocer la realidad agraria. Se pretende imponer al campo español una medida completamente ajena a sus ritmos y necesidades, sin atender a sus particularidades ni a su delicado equilibrio económico y productivo.

Como si ordeñar vacas, recoger fruta o plantar cebollas pudiera hacerse con cronómetro en mano y cobertura 5G. Como si el clima, la estacionalidad o el ciclo biológico se ajustaran al BOE.

Lo advertimos entonces y lo repetimos ahora: el campo no puede asumir este nuevo acelerón de costes laborales sin que se tambalee su viabilidad. Porque no estamos hablando solo de reducir horas. Estamos hablando de hacerlo sin reducir costes, sin tener en cuenta los turnos variables, sin prever cómo va a repercutir esto en la ya maltrecha rentabilidad de las explotaciones. Es un doble salto mortal sobre una cuerda floja, y el único que parece no verlo es quien gobierna.

Durante más de un año, las organizaciones empresariales hemos pedido, con insistencia, un estudio serio, técnico, riguroso, sobre el impacto real que esta medida tendrá en el tejido productivo. Nunca llegó. Se optó por la vía rápida, por el eslogan, por el aplauso fácil. Porque, al fin y al cabo, desde los nuevos Ministerios nadie parece dispuesto a ensuciarse las botas en un invernadero, ni a madrugar para ver cómo arranca una jornada en una finca de olivar.

Legislar desde la ignorancia

Y eso, exactamente eso, es lo que indigna. Que se legisle desde la ignorancia y se aplique desde el dogma. Que no se escuche a los que están al pie del campo, a los que generan empleo, a los que producen alimentos.

El registro horario obligatorio es otro ejemplo de esta distancia entre el poder y la realidad. ¿Cómo se registra una jornada en zonas donde ni siquiera hay cobertura móvil? ¿Quién va a costear las herramientas digitales, la supervisión, los trámites? ¿Y qué pasa con las pequeñas explotaciones, que ya funcionan con márgenes mínimos y una carga burocrática asfixiante?

Pero hay más: esta ley no solo perjudica al productor. También golpea al consumidor. Porque cuando suben los costes de producción, se encarecen los alimentos. Y cuando desaparecen explotaciones, se pone en riesgo el modelo de producción europeo, sostenible y de cercanía, que tanto se dice defender desde Bruselas.

En el Consejo Económico y Social, muchas de nuestras propuestas fueron recogidas. Agradecemos que, al menos allí, se escuchara la voz del campo. Ahora solo cabe esperar que el Congreso haga lo mismo. Que entienda que no se puede aplicar una ley uniforme a un país tan diverso, que no se puede poner en el mismo saco a una empresa de telemarketing y a un agricultor de secano. Porque cuando se legisla contra la realidad, la realidad termina pasando factura.

ASAJA no se opone a la mejora de las condiciones laborales. Pero sí se opone firmemente a decisiones unilaterales, tomadas desde un despacho, que elevan los costes, hunden la competitividad y comprometen el empleo en el sector agrario.

El campo no necesita más trabas. Necesita estabilidad, diálogo y sensatez. Y sobre todo, necesita que lo dejen trabajar.