29 DE septiembre DE 2026
Carmen Crespo. Eurodiputada del PPE y presidenta de la Comisión PESCH de la Eurocámara
En el Partido Popular impulsamos una reforma profunda de la Política Pesquera Común (PPC) y un paquete 'ómnibus' de simplificación para acabar con la burocracia que lastra a este sector, recuperar su competitividad y garantizar su futuro, a través de una resolución que reclama a la Comisión Europea pasar de la evaluación a cambios legislativos concretos.
Se trata de un acuerdo “ambicioso” que manda a la Comisión Europea un mensaje muy claro de defensa de la pesca como sector estratégico europeo y de la necesidad de introducir grandes cambios en una PPC que está “completamente obsoleta”.
La evaluación de la política pesquera no puede ser el punto final y Europa necesita dar el paso hacia una reforma profunda que responda a la realidad actual de los pescadores.
El paquete de simplificación debe permitir eliminar cargas administrativas innecesarias, corregir normas contradictorias, revisar obligaciones que ya no tienen sentido y adaptar la regulación a la realidad del sector.
Es necesario que las decisiones sobre la gestión pesquera se apoyen en “estudios científicos actualizados y en análisis socioeconómicos”, para que las medidas tengan en cuenta tanto la evolución de los recursos como su impacto sobre la actividad y las comunidades pesqueras.
La Ciencia debe estar en el centro de las decisiones, pero también debemos conocer y valorar las consecuencias económicas y sociales de las medidas que adoptamos.
Palangre, arte selectivo
Defendemos la revisión del Reglamento de Aguas Profundas y las 87 zonas cerradas al palangre de fondo en el Atlántico. Logramos incorporar esta reivindicación al texto de la resolución, que reclama revisar unas restricciones que han provocado pérdidas superiores a 300 millones de euros a la flota española.
El palangre de fondo es un “arte selectivo y sostenible que no daña los fondos marinos” y que no puede recibir un tratamiento indiscriminado sin tener en cuenta sus características y su impacto real.
Además de estas prioridades políticas, planteamos cambios concretos en distintas áreas de la normativa pesquera. Asi, en materia de obligación de desembarque, pedimos revisar su aplicación para hacerla más realista y efectiva, mientras que las reglas sobre capacidad pesquera y tonelaje social deberán permitir mejoras en seguridad, habitabilidad, condiciones laborales, eficiencia y modernización de los buques sin penalizar innecesariamente la capacidad productiva de la flota.
Reclamamos, asimismo, en la resolución revisar los planes plurianuales, especialmente el del Mediterráneo Occidental, incorporando la experiencia acumulada y los esfuerzos realizados por el sector.
También planteamos simplificar y hacer más proporcionada la aplicación del Reglamento de Control Pesquero, ya que actualmente es fuente de importantes cargas administrativas, y revisar las normas de la Organización Común de Mercados de los productos de la pesca y la acuicultura para reforzar la información al consumidor, la trazabilidad y el valor de la producción europea y de sus elevados estándares.
En el ámbito de la acuicultura, apostamos finalmente por simplificar los procedimientos administrativos y agilizar las autorizaciones y licencias, eliminando obstáculos innecesarios para el desarrollo de la actividad.
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