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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

11 DE noviembre DE 2024

El PPE quiere reabrir la ley de Deforestación

El objetivo del Grupo parlamentario Partido Popular Europeo (PPE) es detener la deforestación ilegal mundial, pero sin sobrecargar a los agricultores, empresas o socios comerciales internacionales europeos con excesivos trámites burocráticos.

Según la eurodiputada Christine Schneider, principal negociadora del Grupo PPE sobre la legislación de deforestación, "la actual Ley de Deforestación es un monstruo burocrático. Si se aplica, corre el riesgo de poner trabas a los agricultores y las empresas europeas. Por eso el Grupo PPE ha pedido un aplazamiento, pero el aplazamiento por sí solo no es suficiente."

Para reducir las cargas administrativas, el Grupo PPE propone cambios en la legislación actual, haciendo que sólo la empresa que comercializa el producto sea responsable de demostrar que está libre de deforestación. "No pedir a las empresas que lo demuestren una y otra vez a lo largo de toda la cadena de suministro", subraya Schneider.

Además, el PPE insiste en que la ley no debe aplicarse hasta que las plataformas de datos que rastrean el origen de los productos estén plenamente operativas y se establezca un sistema de clasificación de riesgos.

El Grupo PPE también quiere eximir a los países sin deforestación. En lugar de presionar a los países para que cumplan unos requisitos costosos y onerosos, el Grupo PPE quiere animarles a que protejan sus bosques de forma proactiva.

Al respecto, presentó 15 enmiendas para modificar algunos elementos de la citada ley contra la Deforestación (EUDR) para su debate en el Pleno de este jueves 14 de noviembre y plantean, entre otras cosas retrasar dos años la entrada en vigor de esta normativa.

También plantea crear una categoría de "sin riesgo" para los países donde el riesgo de deforestación es insignificante o inexistente, con requisitos más simplificados y, además, quiere excluir  a los comerciantes (la distribución) de los requisitos de dicha ley para evitar una carga administrativa innecesaria y los costes adicionales que ello implica.

Reducir la burocracia

El Grupo PPE se ha mostrado convencido de que se puede acordar una ley actualizada antes de Navidad, si los grupos políticos trabajan juntos. "Instamos a todos los que se toman en serio la reducción de la burocracia a que se lo tomen en serio. Con el apoyo de todos los diputados al Parlamento Europeo, ahora tenemos la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos; podemos reducir de verdad la burocracia, algo que el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo prometiendo. Manos a la obra", concluyó Schneider.

El Grupo PPE se mostró ya en su día partidario de retrasar la citada ley de Deforestación, cuya entrada en vigor estaba prevista a finales de este año, según pidieron a la Comisión los eurodiputados Herbert Dorfmann y Peter Liese, portavoces del Grupo PPE en las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento, respectivamente.

Entonces señalaron que "los agricultores, los minoristas, las pequeñas y grandes empresas y los gobiernos de los Estados miembros están profundamente preocupados por la jungla de normas de aplicación que se aplicarán a varios sectores productivos. El monstruo burocrático amenaza el suministro de piensos y el comercio de muchos bienes de consumo. La Comisión debe tomarse el tiempo necesario para solucionar los numerosos problemas de la legislación", exigen Dorfmann y Liese.

Argumentaron que la nueva normativa, que pretende frenar la tala de bosques para la producción de soja, café, ganado y otros productos, crea también una enorme burocracia para las empresas europeas.

Frente a la intención del Grupo PPE, otros grupos de la izquierda europarlamentaria han pedido a los partidos de centroderecha del Parlamento Europeo que no reabra de nuevo el EUDR y que se sume a la propuesta de aplazamiento de un año en la entrada en vigor, propuesto por la Comisión.

Por otro lado, un grupo de multinacionales de alimentación y de materias primas (Nestlé, Ferreo, SIPH, Michelín o Carrefour) han pedido seguridad jurídica y que no se reabra la regulación para no correr en riego de interrumpir los esfuerzos de su cumplimiento y de las inversiones ya realizadas.

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