10 DE abril DE 2023
Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
Al calor de la presión inflacionista de los precios de los alimentos continúan sucediéndose informaciones de interés. Por un lado, sendos informes del Banco de España y de la Escuela de Negocios, EsadeEcPol; por otro, unas declaraciones, calificadas de “extemporáneas”, de la ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que fueron respondidas con contundencia por los responsables de las organizaciones agrarias. Y, en medio, una multitudinaria reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria que, como su nombre, indica se limita a observar y tratar de entender lo que pasa para ver qué respuestas o recomendaciones puede ofrecer para quien tenga la potestad de llevarlas a cabo.
Y además, el 30 de marzo se conoció el avance del IPC, que se redujo al 3,3% interanual por la comparativa sobre marzo de 2022, tras iniciarse la invasión rusa en Ucrania. Es un dato positivo, pero también algo engañoso porque la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y alimentos no elaborados, bajó apenas una décima, hasta el 7,5% anual. Habrá que esperar a mitad de abril para concretar cuál ha sido el comportamiento de los precios de consumo de los distintos alimentos.
Casi todos coinciden en que estos precios tardarán mucho más en normalizarse (si pensamos que los de ahora no son normales) y que las actuales circunstancias no invitan al optimismo, a pesar de observarse que los costes de los insumos, aun estando en niveles muy altos, se han atenuado en este primer trimestre del año, y que también los precios de algunas materias primas (cereales, leche, aceites vegetales…) han comenzado a bajar por un incremento de la oferta mundial.
En su informe “Evolución reciente de los precios de consumo de los alimentos en el área del euro y en España”, el Banco de España ya prevé una desaceleración de los precios de los alimentos por la moderación observada en los costes de las materias primas pero, a la vez, teme que este descenso acabe frenándose, debido a la elevada incertidumbre que existe todavía por los efectos que puede tener la sequía en España y en parte de Europa en 2023 sobre la producción agrícola.
El BdE apunta también que “la guerra de Ucrania sigue representando un foco de elevada incertidumbre desde el punto de vista de los precios de los alimentos, dada la relevancia de Rusia y Ucrania en los mercados mundiales de cereales.”
La entidad supervisora valora el impacto de la rebaja del IVA en algunos productos de primera necesidad desde el inicio de 2023 y dice que en enero y febrero se vio cierta ralentización del ritmo de crecimiento de los precios de consumo de los alimentos en España, que no se vio en el resto del área del euro. Y señala que, aunque los aumentos de precios de los alimentos han sido significativos en 2022, presentan una evolución similar en España y en la zona Euro pero, al ser el peso de los comestibles en la cesta de la compra en nuestro país mayor, su contribución a la inflación general ha sido también superior.
Como conclusión, el BdE señala que el repunte de los precios de los alimentos supone una fuente de preocupación por dos motivos principales: en primer lugar, porque el encarecimiento de los de primera necesidad implica un riesgo para el acceso a una alimentación saludable y obliga a reducir el gasto en otro tipo de bienes y servicios, en especial en el caso de las familias con menores niveles de renta.
En segundo lugar, porque el gasto en alimentos se realiza con mayor frecuencia que otro tipo de gastos y, por tanto, su evolución influye con especial intensidad en la formación de expectativas de inflación de los consumidores, aspecto fundamental para la política monetaria.
IVA desigual
Por su parte, el informe de EsadeEcPol “La reducción del IVA en los alimentos básicos: evaluación y recomendaciones”, se centra principalmente en la rebaja del IVA aplicada por el Gobierno y concluye en su análisis que cinco de cada 10 euros que se dejaron de recaudar por esta rebaja fueron a parar al 40% de hogares con mayor capacidad económica.
Los autores del estudio califican la medida de “costosa e ineficiente”, ya que destina un mayor gasto público agregado (lo que deja de ingresar el Gobierno por el IVA) a las familias de más renta y consideran que “las políticas de transferencias enfocadas a los hogares de renta baja suelen ser más efectivas desde el punto de vista distributivo y más baratas desde el punto de vista presupuestario, aunque presenten mayores dificultades de implementación.” En este análisis coinciden con otras instituciones, como el Banco de España o FEDEA.
Pero se mide como porcentaje del gasto de los hogares, el impacto sí ha sido redistributivo, según cita el estudio, porque ha supuesto un ahorro mayor para los hogares de renta baja en proporción a su gasto total, al destinar éstos un mayor porcentaje del mismo al consumo de alimentos.
Pese a todo, el impacto total de la medida de rebaja del IVA es “modesto en comparación con el tamaño del “shock” inflacionario, puesto que los precios de los alimentos han subido más de un 13% desde 2021, mientras que la rebaja del IVA solo ha supuesto un abaratamiento del 3,6% de los PVP de un subgrupo concreto de alimentos y un alivio de apenas un 0,3% del gasto total de los hogares con menor renta y mucho menor en el de los hogares con mayor renta.
Otro análisis, el realizado por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), revela que el precio de una cesta de la compra conformada con productos con IVA rebajado (supervisada en cinco grandes superficies, Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, DIA y Alcampo) había subido un 2,93% en marzo respecto a enero, mes en que entró en vigor la medida. Respecto a febrero, los alimentos que más bajaron fueron los huevos (-7,25%); aceite de girasol, (-6,75%), y plátanos (-5,93%), y los que más subieron, patatas (+22%) y arroz (+6,22%).
Para la presidenta de esta Asociación, Patricia Suárez, “las medidas del Gobierno están demostrando su ineficacia y es muy difícil que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigile los márgenes y se establezca un cauce de cumplimiento de que la bajada del IVA ha logrado abaratar la cesta de productos básicos, al tratarse de medidas sin graduación que benefician tanto al que más compra, como al que menos cuando, añadió, “el Gobierno cuenta con medios para determinar quién necesita ayuda directa para combatir los efectos perniciosos de la inflación.”
Por el contrario, otro estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), firmado por los catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados, Jaime Romero de la Fuente e Ignacio Cruz Roche, concluye que las subidas de precios al consumidor están siendo inferiores a los incrementos en los niveles previos de la cadena de valor (industria y producción primaria), “mostrando la función de estabilización que desempeñan los intermediarios frente al incremento de los precios de origen” (sic).
Según los autores, “los supermercados están incrementando sus precios, pero sus ingresos aumentan en menor medida por los ajustes en la cesta de la compra de los consumidores” y añaden que “de las diferentes medidas de política económica, considerando su impacto y capacidad de gestión, parecen más adecuadas la reducción temporal del IVA de los productos más afectados y las ayudas directas a la población más vulnerable mediante cheques que reduzcan el impacto de sus tiques de compra.”
¿Más medidas?
Antes de adoptar nuevas medidas o prorrogar las ya aprobadas, el Gobierno espera aún ver sus efectos y la evolución del IPC alimentario, porque no les parece suficiente con lo observado en enero y febrero.
Las organizaciones de los diferentes eslabones de cadena de valor, sobre todo la industria y el comercio, insisten en que se incluyan en la rebaja del IVA más productos, como la carne o el pescado (o al menos, parte de las carnes y del pescado), como ha aprobado Portugal recientemente, o más productos saludables, pero eso podría duplicar los 700 M€ de merma de ingresos públicos por dicho gravamen.
El Ministerio de Asuntos Económicos reafirmó su disposición a vigilar los márgenes de los distintos eslabones de la cadena de valor, algo que desde el sector productor se considera muy necesario para conocer la realidad de cada cual, aunque esa vigilancia estricta sea de una enorme complejidad.
Una declaración de su titular y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, soliviantó a las organizaciones agrarias, que representan al eslabón más débil de la cadena de valor. Tras el Consejo de Ministros del pasado 28 de marzo, la ministra instó a las empresas a trasladar “a la siguiente fase de la cadena y en última instancia a los consumidores y a las familias españolas la bajada de los costes energéticos y las ayudas recibidas para compensar el alza de precios de la energía y los fertilizantes.”
De arriba hacia abajo
ASAJA, COAG y UPA salieron en tromba ante dicha declaración, porque traslada la responsabilidad de la fuerte subida de los PVP en la cesta de la compra a agricultores y ganaderos, además de achacarles haber recibido ayudas millonarias para compensar sus costes de producción.
Lo más suave que se reprochó a la ministra Calviño es que, quizás, actuó desde el desconocimiento de la situación real, pues debería saber que, habitualmente, en la cadena de valor agroalimentaria los precios que llegan al consumidor se vienen fijando de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba, como sucede con facilidad pasmosa en otros sectores, caso de los energéticos.
En otros términos, cuando hay oferta suficiente o exceso, la “subasta” de precios agrarios se hace a la baja por parte del resto de los eslabones de la cadena, al margen de cómo hayan evolucionado los costes de producción. Cuando sucede lo contrario, y la oferta es insuficiente o escasa, o cuando los costes de producción se han disparado, como en esta ocasión, la “subasta” entre los siguientes eslabones de la cadena se hace al alza y ahí entra la competencia entre ellos para garantizarse la demanda del producto. Y eso conlleva luego subir los precios a los consumidores en un intento de mantener márgenes o reducirlos lo menos posible.
Calviño debería saber que, lo más habitual, salvo en situaciones excepcionales de gran escasez o hundimiento de la oferta, los precios a los que se venden en origen los productos agrarios son por lo general impuestos por el resto de los eslabones de la cadena de valor: la distribución se los impone a la industria y ésta al primer eslabón de la cadena, sin obviar al resto de intermediarios que participan añadiendo a precio también sus costes y sus beneficios.
Las organizaciones agrarias exigen que se corrijan los desajustes en la cadena de valor y que haya más transparencia en las transacciones del resto de los eslabones, porque sobre no existe información ni oficial, ni pública. Reiteran, además, su petición para que se cree un Observatorio de costes y mercados de insumos o, en su defecto, un grupo de trabajo en el seno del Observatorio de la cadena de valor.
La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria del pasado 29 de marzo acordó convocar este mes distintos grupos de trabajo para actualizar los costes medios por los que pasa un alimento en cada etapa de comercialización, desde el campo a la mesa. Esta actualización se hará con la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y la leche líquida envasada, así como en melocotón/nectarina, patatas, tomate, cítricos y miel.
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