El Congreso aprueba prevenir la 'reduflación' de PVP de los alimentos

En la sesión plenaria del martes 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó iniciar la tramitación de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con el fin principal de esta aprobación es prevenir la práctica de la reduflación de alimentos y de otros productos, y proteger así los derechos de las personas consumidoras.

El texto se aprobó con una amplia mayoría de 311 votos a favor y 33 votos en contra.

Según el Grupo Socialista, la finalidad de la propuesta es “informar a las personas consumidoras cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones en su envase”.

La propuesta añade un nuevo párrafo que establece que, "cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una cantidad constante, siempre deberá informarse de forma clara y comprensible a los consumidores cuando se reduzca dicha cantidad y por tanto se traduzca en un aumento del precio por unidad, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase."

De esa forma, se debe indicar de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.

Se pretende así prevenir la práctica de la reduflación y proteger los derechos de los consumidores "frente a prácticas empresariales abusivas" que implican "pagar más por menos y recibir menos cantidad por el mismo dinero", ha explicado la diputada socialista Isabel Iniesta, en la defensa de la proposición no de ley.

Iniesta aseguró que la reduflación es una "práctica engañosa" que supone un encarecimiento real de los productos sin que los consumidores se den cuenta, deteriora la reputación de las marcas y los establecimientos, y es un "ataque directo" al poder adquisitivo de la población y la competencia en el mercado.

La modificación normativa fue apoyada por los grupos del PNV y Sumar. Ambos destacaron las buenas intenciones, pero señalaron que debería haberse aprobado mucho antes, en la fase álgido del incremento de la inflación de los precios en los últimos dos años, al igual que los grupos EH Bildu y ERC, que reclamaron a su vez más medidas de este tipo para garantizar una distribución justa del valor a lo largo de la cadena alimentaria y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En cambio, el grupo Popular y VOX aprovecharon este trámite para critricar en conjunto la política económica del Gobierno que, a su juicio, afecta al bolsillo de los españoles, mientras que Junts consideró que el Gobierno español "debería pensar más en contener la inflación y no en aumentar los impuestos".