La reduflación de alimentos se regulará, pero no se prohibirá

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 1 de julio en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, cuyo fin es reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente, con medidas que promueven el consumo consciente y responsable, la promoción de la reparación de bienes, así como asegurar una información clara y fiable sobre las características medioambientales de los bienes y servicios que consumimos.

Entre otros asuntos, la futura norma regulará la práctica comercial conocida como reduflación, es decir la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad.

Así, se obligará a las empresas a notificar de forma clara y comprensible si reducen el contenido de un envase o el número de unidades incluidas en un paquete sin bajar el precio.

Esta práctica que afecta a la transparencia en las relaciones de consumo, debilita el principio de información veraz y clara y puede inducir a error a las personas consumidoras.

De esta forma, según el Gobierno, busca garantizar que las empresas ofrezcan una información precisa sobre precios y cantidades de los productos puestos a la venta. Las empresas dispondrán de un plazo de máximo 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma legible y visible de las nuevas características del producto comercializado.

Combustibles fósiles

Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible prohíbe la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles. También queda prohibida la subida de precios en la reventa de entradas y se incluyen medidas para regular la 'publicidad del miedo', combatir la obsolescencia programada, evitar el greenwashing o ecopostureo y advertir al consumidor sobre el fenómeno conocido como reduflación.

Por otra parte, este anteproyecto cuenta con iniciativas para incentivar la economía circular, el derecho a reparar o el fomento de elecciones de compra más sostenibles. En este sentido, cabe recordar que el Anteproyecto de Ley traspone dos directivas europeas: la Directiva de empoderamiento para la transición ecológica y de Derecho a reparar.

Medidas contra la publicidad del miedo

Se regulará también la conocida como 'publicidad del miedo'. Este tipo de publicidad basa su efectividad en presentar escenarios extremos o improbables, como robos violentos o vulnerabilidades catastróficas, con el propósito de generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas. El objetivo consiste en defender un entorno publicitario responsable y que la promoción de servicios se centre en ofrecer una información objetiva, donde destaquen los beneficios reales sin necesidad de apelar a tácticas de manipulación emocional. Por ello, la ley obligará a que estas comunicaciones comerciales vayan acompañadas de información cuantitativa o estadística que permita a las personas consumidoras hacer una valoración real del riesgo.

Combatir la obsolescencia programada y el ecopostureo

La norma busca también combatir actitudes conocidas como 'ecopostureo' o 'greenwashing', términos que hacen referencia a las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin que esas supuestas cualidades tengan un respaldo científico.

Para limitar esta práctica la ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado. Entre los ejemplos de afirmaciones medioambientales genéricas que se van a prohibir se incluyen: "respetuoso con el medio ambiente", "amigo del medio ambiente", "verde", "biodegradable" y otras declaraciones similares.

Con esta medida, se busca generar unas relaciones de consumo que contribuyan activamente a la transición ecológica para hacer frente a la crisis climática. Asimismo, se prohíbe el registro de denominaciones de sociedades que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental, así como se incluye la posibilidad de anulación de una marca ya inscrita cuando su tipografía pueda llevar a engaño a los consumidores sobre el desempeño medioambiental de la misma.

Con esta norma, se refuerza el compromiso con una transición ecológica justa, la protección de los derechos de las personas consumidoras y la promoción de un modelo económico más responsable y sostenible.

El texto del anteproyecto entra ahora en fase de audiencia e información pública, con el objetivo de recoger aportaciones y enriquecer la ley. Tras ello, el texto volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.