El problema de la subida del SMI para el agro es no poder trasladarla a precios

La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)para 2025, aprobada por el Gobierno el pasado 11 de marzo y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mediante Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, la quinta desde 2016, no ha sentado nada bien, algo que también se esperaba, con algunos matices, entre las organizaciones profesionales agrarias que representan a los profesionales y empresarios del sector agrario, conformado en gran parte por pequeñas y medianas explotaciones.

De hecho, todas las organizaciones agrarias coinciden y están de acuerdo en que los trabajadores del campo tengan mejores salarios y subidas adecuadas para su bienestar personal, pero también en las enormes dificultades o, en la mayor parte de los casos, la imposibilidad de trasladar la subida de los costes laborales de producción a los precios de venta de los productos agrícolas o ganaderos hacia el siguiente eslabón de la cadena de valor en un mercado abierto, muy competitivo y que presiona cada vez más sobre los márgenes de rentabilidad del eslabón primario.

En esta situación, la subida del SMI a la mano de obra agrícola se lleva a cabo contra los márgenes de rentabilidad, si es que existen, de las explotaciones agrarias, imposibilitadas de trasladarla a sus precios de venta, lo que al final termina repercutiendo, de una u otra manera y en función de las posibilidades de cada explotación agraria, sobre la evolución del número de empleados en este sector, que se contraerá siempre que se pueda.

El hecho también de que esta quinta subida del SMI se haya hecho sin consenso con  los empresarios agrarios, es decir, se haya impuesto desde el Gobierno con la aquiescencia de las grandes centrales sindicales, no es algo que pueda considerarse positivo y, como señala la principal patronal del sector, ASAJA, “supone un golpe insostenible para un sector, como el agrario, que ya se enfrenta a una crisis estructural, debido al aumento de los costes de producción (a pesar del alivio de este último año por la caída de los precios de la energía, se mantienen en niveles históricamente elevados), de los costes salariales y sociales, y a la falta de mano de obra (otro de los problemas acuciantes que vive este sector y que podría agravado con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales).

Según señaló el presidente de ASAJA, Pedro Barato, “cualquier subida del SMI es inasumible para el campo. Desde 2016, el incremento ha sido del 80%, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones.”

Esta organización agraria pone cifras contundentes a esta última subida: el incremento neto del SMI hasta los 1.184 euros por 14 pagas, supone un coste real para el empresario agrícola de 1.925 euros por trabajador. De este importe, el trabajador verá descontados 720 euros en cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF, sin que este aspecto haya sido aclarado por el Gobierno y que afecta directamente a los asalariados del campo.

Para Barato alertó, señalando que “nos enfrentamos a una “tormenta perfecta”, más costes, más rigidez y menos trabajadores. Si no se toman medidas, muchas explotaciones desaparecerán.”

Desde ASAJA se pide que se contemple y se tenga en cuenta la compleja situación particular del sector agrario ante esta subida del SMI y, en concreto, un periodo transitorio amplio para la aplicación de la medida de subida del SMI en el sector agrario; bonificaciones en las cotizaciones  la Seguridad Social para aliviar el impacto en las explotaciones agrarias, y flexibilización en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de mano de obra en campañas clave, como podrían ser las del olivar, viñedo, frutas y hortalizas…etcétera.

Pérdida de competitividad

La otra organización patronal, asociada a la CEOE, la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), afirmó que la nueva subida del SMI, que supone un incremento del 61% desde 2018, restará competitividad a las explotaciones hortofrutícolas españolas, que tienen que disputarse el mercado nacional y comunitario con producciones de otros países con menores costes laborales por hora.

Según la Comisión de Gobierno de la patronal hortofrutícola, el SMI de 2025 supone un fuerte incremento de los costes laborales frente a los productores de países terceros, como Marruecos, donde el salario medio para la categoría de peón agrícolas es de 276 euros, e incluso frente a otros países productores comunitarios, como Portugal, donde en esa misma categoría es de 870 euros.

Para FEPEX, la continuada subida del SMI se está regulando sin tener en cuenta la realidad y las especificidades del sector agrario y, más específicamente, la del sector productor y exportador de frutas y hortalizas, que es muy intensivo en mano de obra, suponiendo ésta hasta el 45% de los costes de producción.

Como ASAJA, esta Federación demanda otras medidas, como bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social, que permitan asumir de forma gradual los incrementos. Además, preocupa la posible reducción de la jornada laboral que elevaría aún más los costes en un sector en el que la falta de mano de obra constituye uno de sus principales problemas, que hace que el modelo de producción comunitario, muy afectado también por las prohibiciones y restricciones fitosanitarias no equilibradas con las de países terceros, sea cada vez menos competitivo en los mercados.

En otras organizaciones agrarias, como COAG, su secretario general, Miguel Padilla apuntó que la mano de obra se está convirtiendo en el principal coste de las explotaciones y que la subida salarial de 2025 tendrá una repercusión estimada sobre el sector de unos mil millones de euros.

Padilla se posicionó a favor de los trabajadores del campo tengan un sueldo digno, pero “a los productores no nos ponen los precios por real decreto en un mercado en el que, en muchos casos, no llegamos a cubrir los costes de producción”, criticando al Gobierno de “no cumplir su promesa de dar compensaciones, teniendo en cuenta que muchas explotaciones no están para hacer milagros.”

A su vez, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), en la órbita de la UGT, se mostró más moderada en sus críticas, al considerar positivos los avances en materia laboral, salaria y social que benefician al conjunto del sector agrario, pero también advirtió que la subida del SMI “debería repercutirse hacia adelante en la cadena alimentaria y no recaer nunca sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos, puesto que los salarios son un coste más y deben ser cubiertos.”

También la Unión de Uniones (UdU) se mostró crítica con esta subida del SMI, precisando que el rendimiento neto obtenido por la actividad de los profesionales del campo está bastante alejado del SMI aprobado cada año por el Gobierno. Así, en 2022, este rendimiento neto fiscal fue de 12.411 euros, un 11% por debajo de los 14.000 euros del salario mínimo.

En este sentido, esta organización agraria criticó que el Gobierno no reconozca el esfuerzo de los autónomos agrarios, al asumir estas subidas para hacer frente a las campañas agrícolas.

Beneficiarios

La subida del SMI beneficia a casi un 40% de los asalariados del campo con jornada completa, según el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). Para su portavoz, Vicente Jiménez, la medida se aplicará a todos los trabajadores temporales de las campañas agrícolas y a casi todos los demás sujetos a convenios colectivos, dado que solo unos pocos tienen un salario superior al mínimo establecido.

La incidencia relativa de la subida del SMI es mayor en aquellos sectores con salarios medios más bajos y beneficia en mayor medida a los asalariados de la agricultura a jornada completa, concretamente a un 39% de ellos. Así, según CC.OO., hasta 159.600 asalariados a jornada completa en la agricultura cobrarán el SMI en 2025 (en 2024 fueron 128.200), lo que representa un 9% de los 1,79 millones de perceptores de este salario en España.

En concreto, Jiménez destacó que la subida salarial beneficiará a los peones y a las categorías más bajas, y que habrá que actualizar las tablas salariales en casi todos los convenios sectoriales, muchos de ellos pendiente de renovación.

Por su parte, Sebastián Serena, secretario del sector agroalimentario de UGT-FICA, lamentó que en el diálogo social del sector primario no sea posible incrementar salarios de manera pactada a través de los convenios colectivos y el convenio estatal, que sigue bloqueado.

Para Serena, “si los empresarios negocian con los sindicatos, no tendrán que quejarse de que el Gobierno legisla y no deja negociar”, recordando que “los productores cuentan con distintas ayudas mientras crecen sus exportaciones.”