La nueva Ley europea del Suelo excluye obligaciones para el agro

Parlamento y Consejo de la UE llegaron a un acuerdo informal para aprobar la nueva legislación sobre Vigilancia del Suelo, cuyo fin es restaurar su salud de aquí a 2050.

El acuerdo politico informal entre los colegisladores (PE, Consejo y Comisión) de la UE, alcanzado el miércoles 9 de abril, garantizará que se controle el suelo en todos los países de la UE y que los agricultores reciban un mejor apoyo para mejorar la salud del suelo.

En concreto, para proteger a los agricultores y silvicultores, la Directiva acordada no impone nuevas obligaciones a los propietarios ni a los gestores de tierras. En cambio, obliga a los países de la UE a ayudarlos a mejorar la salud y la resiliencia del suelo (la capacidad del suelo para seguir desempeñando su importante función en el ecosistema).

Las medidas de apoyo pueden incluir asesoramiento independiente, actividades de formación y desarrollo de capacidades, así como el fomento de la investigación y la innovación, y medidas para concienciar sobre los beneficios de la resiliencia del suelo.

Los Estados miembros también deberán evaluar periódicamente el coste financiero que supone para los agricultores y silvicultores mejorar la salud y la resiliencia del suelo.

El objetivo general es contar con suelos europeos sanos para 2050, en consonancia con la ambición de la UE de "Contaminación cero" y debería establecer un marco europeo más coherente y armonizado para la vigilancia del suelo.

Conservación del suelo

La nueva normativa fue negociada durante los últimos meses y, tras los trílogos entre Parlamento Europeo, Consejo UE y Comisión, logró finalmente que no imponga nuevas obligaciones a los agricultores o a otros gestores de tierras. 

Tras alcanzar el acuerdo, el ponente Martin Hojsík (Renew, SK) declaró que "el acuerdo constituye un hito importante para mejorar el apoyo a los agricultores y a todos los demás en la conservación de la salud del suelo. Ofrecerles mejor información y ayuda, a la vez que se evitan la burocracia y las nuevas obligaciones, son pilares de la nueva ley de monitoreo del suelo."

En concreto, la Ley europea de Vigilancia del Suelo armonizará los sistemas de seguimiento en toda la UE, mediante una metodología común para evaluar el estado físico, químico y biológico del suelo.

La UE estima que entre el 60 y el 70% de los suelos en Europa presentan problemas de salud o están degradados, debido a la urbanización, las bajas tasas de reciclaje de tierras, la intensificación de las prácticas agrícolas y el cambio climático.

Estos suelos degradados son importantes impulsores de las crisis climáticas y la pérdida de biodiversidad, y reducen la prestación de servicios ecosistémicos clave. Y ello le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros al año, según datos de la propia Comisión. 

La nueva reglamentación deja en manos de los Estados miembros la fijación de objetivos sostenibles no vinculantes, adaptados a las condiciones locales y al nivel de degradación de cada territorio. Así, en vez de imponer restricciones, plantea una estrategia de acompañamiento a los agricultores y gestores de tierras agrarias, que incluye asesoramiento, formación, promoción de la innovación y apoyo financiero y técnico a medida, especialmente a través del programa LUCAS Soils de muestreo de suelo.

Además, reconoce la necesidad de evaluar periódicamente las necesidades económicas de agricultores y silvicultores para lograr estos fines, incorporando también acciones de concienciación sobre la resiliencia del suelo. 

Seguimiento y evaluación 

Según el acuerdo, los Estados miembros deberán supervisar y evaluar la salud del suelo en sus territorios, utilizando descriptores comunes —que caracterizan los aspectos físicos, químicos y biológicos de la salud del suelo para cada tipo— y una metodología de la UE para los puntos de muestreo.

Para simplificar la tarea, los Estados miembros podrán basarse en campañas nacionales de seguimiento del suelo u otras metodologías equivalentes.

Para reflejar los diferentes niveles de degradación del suelo y las condiciones locales, los Gobiernos nacionales establecerán objetivos sostenibles y no vinculantes para cada descriptor del suelo, en consonancia con el objetivo general de mejorar la salud del suelo.

En un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor de esta normativa, se tenrá que elaborar una lista indicativa de sustancias emergentes contaminantes, como los PFAS (químicos permanentes) y ciertos fitosanitarios. Y en un horizonte de diez años, los Estados deberán elaborar una lista pública de sitios potencialmente contaminados, con obligación de intervenir si existe un riesgo inaceptable para la salud humana o el medioambiente. 

El acuerdo deberá ser ahora confirmado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo, que deberá refrendar el texto en el Pleno en segunda lectura. 

La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE) y, a partir de esa fecha, los países de la UE dispondrán de tres años para cumplirla.