Mejores condiciones para los trabajadores de temporada foráneos en el campo español

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles 20 de noviembre el Real Decreto 1155/2024, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertadas de los extranjeros en España y su integración social.

En concreto, la norma reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes de temporada que viven en España sin papeles, muchos de ellos empleados en el sector agrícola y ganadero, en un proceso del que podrían beneficiarse con carácter general unas 300.000 personas cada año durante los tres próximos años.

La principal novedad del reglamento aprobado es que homogeneiza las figuras de arraigo, que es el mecanismo existente para que los extranjeros que viven en España puedan regularizar su situación administrativa, y reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ellas.

También aclara la incompatibilidad entre la solicitud de protección internacional y la regularización por arraigo, mejora la reagrupación familiar, establece que todos los visados tengan una duración inicial de un año, refuerza la protección para los trabajadores de temporada y facilita la transición del permiso de estudios al de trabajo.

Falta de mano de obra

Fuentes del sector agrario consideran que uno de los graves problemas con los que se encuentra el sector es la falta de suficiente mano de obra dispuesta a trabajar en el campo, bien en campañas de temporada, con la recogida de algunas cosechas, como de forma mucho más estable en algunos sectores, sobre todo en las explotaciones ganaderas de carácter extensivo o intensivo.

Más en concreto, en lo relativo a la protección para los trabajadores por temporada, como los que se emplean en las campañas agrícolas, el reglamento contempla la creación de una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada, que facilita la contratación individual y colectiva y, además, mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que estos deberán tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan de sus condiciones laborales, de estancia y otros gastos.

El nuevo texto, además, mejora sus condiciones de habitabilidad y su seguridad desde que sale del país hasta que su alta en la Seguridad Social, y se incluye la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso u otras causas que hayan impedido desarrollar la relación laboral, como una plaga en la cosecha.

Impacto positivo

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), señaló que la nueva norma tendrá un impacto positivo en el medio rural, en la medida en que facilitará la incorporación al mercado laboral a miles de personas, algo muy demandado por los sectores demandantes de mano de obra, como la agricultura y la ganadería.

UPA señala que ha contribuido en la redacción de este Reglamento, en diversas reuniones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Son reivindicaciones que llevamos años luchando. Queremos que la población inmigrante que tenemos en el medio rural español se regularice. El objetivo debe ser la integración en nuestra sociedad.” 

La idea de poder regularizar a más de 300.000 migrantes al año supone que en tres años estaríamos hablando de cerca de un millón de personas, que podrían acceder a un contrato de trabajo digno y un alojamiento digno. Esas personas contribuirán a sostener el Estado del Bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural.

Según UPA, el impacto positivo esperado es que se mejore la atracción y retención del talento, así como la competitividad de las empresas españolas en el mercado global y la integración e inclusión de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral y la sociedad española.

Esta organización agraria destaca los aspectos positivos del nuevo Reglamento de Extranjería:

Mayor inclusión social

La reforma facilita la regularización de inmigrantes, lo que puede reducir situaciones de exclusión y precariedad. Esto les permitirá acceder al mercado laboral de manera formal, contribuyendo al sistema de Seguridad Social y mejorando su calidad de vida.

Respuesta a las necesidades del mercado laboral

En sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados, que históricamente enfrentan escasez de mano de obra, esta reforma puede ayudar a cubrir vacantes con trabajadores que ya residen en España. Esto beneficia tanto a las empresas como a la economía en general.

Simplificación de trámites

Reducir plazos y agilizar procedimientos administrativos es una mejora significativa. Las largas esperas en los trámites han sido una queja recurrente, y este cambio reduce barreras para la regularización.

Flexibilidad para los solicitantes de asilo

Permitir que los solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada accedan al arraigo tras solo seis meses de estancia irregular ofrece una alternativa para estas personas, que en muchos casos enfrentan dificultades extremas.

Reagrupación familiar y visados más accesibles

La posibilidad de que los familiares soliciten permisos desde España o el visado ampliado para búsqueda de empleo reduce barreras para la integración familiar y profesional, lo cual es positivo para la cohesión social.

Principales novedades: visados

El nuevo reglamento tiene un apartado especial sobre visados, de corta y larga duración. Todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro. Y ya no será necesario abandonar nuestro país para obtener la residencia de larga duración después de haber tenido una temporal.

La mayor parte de las autorizaciones reguladas en este reglamento habilitan para trabajar desde el primer momento, sin tener que solicitar de forma expresa una autorización inicial de trabajo por cuenta ajena. Esto incluye a las personas que vienen a realizar estudios, que podrán trabajar hasta 30 horas a la semana.

También se ha mejorado la reagrupación familiar. Se ha creado para ello una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles, en cuyo caso se amplía la edad de los hijos hasta los 26 años (antes 21), y se contempla la posibilidad de incluir a las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga.

La mayoría de las personas que se van a beneficiar de esta medida son personas que han obtenido la nacionalidad española en los últimos años y pueden traerse a su familia. También se amplía el concepto de familiar reagrupado a los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género

En cuanto a las actividades de temporada, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo que facilita la contratación tanto a nivel individual como colectivo. Además, se mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que deberán tener información concreta y escrita de sus condiciones laborales, de estancia y demás gastos.

En resumen, UPA valora que el Reglamento aprobado representa un avance significativo hacia una política migratoria más inclusiva, humanitaria y alineada con las necesidades laborales de España. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación eficiente, una comunicación clara y un equilibrio entre los intereses económicos, sociales y humanitarios.