Principios y preocupaciones de los productores ante la regulación del transporte de animales

La Comisión Europea publicó el 7 de diciembre de 2023 la propuesta de Reglamento relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo.

Las organizaciones que defienden los intereses de los productores agrarios europeos y de sus cooperativas (COPA-Cogeca) viene trabajando con carácter propositivo en aras de una aplicación uniforme y apropiada de las normas vigentes en materia de transporte de animales, que figuran entre las más exigentes del mundo.

A nuestro parecer, se deben observar ciertos principios: el transporte de animales vivos, a escala intra y extracomunitaria, reviste una importancia capital para la cadena de suministro ganadero de la UE.

Toda legislación en la materia debería centrarse en mejorar la calidad del transporte y no en establecer de forma arbitraria normas o criterios tales como los límites de duración del viaje o la previsión de la temperatura exterior.

En su estado actual, la propuesta alteraría por completo el sector ganadero de la UE en todos los eslabones de la cadena, al imponer más burocracia y costes para todos los operadores. Esto no solo perjudicaría a todas las explotaciones pecuarias, en particular, a aquellas de menor tamaño situadas en zonas remotas o aisladas, sino también a las cooperativas, ya que, por ejemplo, un agricultor que haya participado en la instalación de un matadero o un cebadero podría quedar excluido del mismo debido a las normas recogidas en la propuesta.

El COPA-Cogeca opina que la propuesta comunitaria entraña un riesgo de cierre de granjas y, por tanto, pone en jaque el futuro de las producciones animales dentro de la UE. Por consiguiente, menoscabaría directamente la seguridad y la soberanía alimentarias en la Unión.

Lamentablemente, la evaluación de impacto que respalda la propuesta de la Comisión contiene numerosas lagunas en lo referente a los posibles efectos que sufriría este sector.

Así pues, se debería reexaminar la evaluación de impacto con el fin de abarcar de forma exhaustiva las repercusiones socioeconómicas y analizar los efectos acumulativos de las demás normativas que conciernen a la ganadería. Hay que analizar en un contexto global la disminución de la producción ganadera que esta propuesta provocaría.

Nuestras normas en materia de bienestar animal y de otros aspectos ligados a la sostenibilidad son de las más exigentes del mundo. De hecho, en aras del principio de reciprocidad, deberían exigirse también a los productos importados, lo que evitaría la competencia desleal por parte de los países extracomunitarios.

Al existir semejantes normas en la UE, cualquier declive de nuestro sector ganadero daría a entender a los terceros países que el bloque comunitario ha fracasado en su empeño por mantener sus objetivos de sostenibilidad a la par que fomenta una economía competitiva.

Cadena de suministro

El proyecto de reglamento de la CE recoge normas que perturbarán por completo la cadena de suministro ganadero y, por ende, los ganaderos y las cooperativas agrarias del UE las consideran inaceptables.

• Las propuestas relativas a los límites de la duración del viaje (con destino al matadero u otros lugares, en el transporte de animales destetados), las definiciones de conceptos como «viaje» (que abarca la carga y la descarga de los animales) o «lugar de salida» (que plantea problemas para los centros de concentración), así como el periodo de descanso obligatorio durante veinticuatro horas, serían desventajosas para los Estados miembros en los que haya que recorrer mayores distancias, donde existan regiones montañosas o bien, falten infraestructuras.

Además, en algunos casos, tales normas son incluso desfavorables para el bienestar de los animales. Las restricciones de duración del trayecto propuestas también afectarán a los mataderos situados en zonas con menor actividad agropecuaria y conllevarán una concentración de los mismos y de la producción en el territorio de la UE.

Por ende, los productores se toparán con más impedimentos a la hora de conseguir el mejor precio por sus animales. Las normas en cuestión alterarán numerosas cadenas de suministro y estos efectos podrían extenderse a lo largo y ancho de todo el sector ganadero de la UE.

• En la propuesta se imponen normas y restricciones (sobre la duración del trayecto, el transporte por la noche, etc.) en función de las previsiones de temperatura ambiente sin tomar en consideración las condiciones dentro del vehículo; esto resultaría discriminatorio para los Estados miembros dependiendo de sus condiciones climáticas.

Se obvian por completo matices como las diferencias entre una subida marcada y repentina de temperatura (o las olas de calor) y el cambio gradual de temperatura, o como las particularidades de cada especie.

• Las nuevas normas sobre la edad y el peso mínimos de determinados animales (terneros, corderos, cabritos, lechones, etc.) también pasan por alto las particularidades de cada raza.

Por consiguiente, afectarán sin duda alguna a la estructura de las explotaciones en la mayoría de los Estados miembro. Todo ello menoscabará profundamente la capacidad de inversión de los ganaderos y acarreará consecuencias en cuanto a las licencias medioambientales o el acceso a la tierra.

No habrá forma de compensar el incremento de los costes, dado que la propuesta no aportará ningún valor añadido para los animales, sino que penalizará al ganadero. El mantener a los animales durante más tiempo requiere redoblar esfuerzos para preservar las condiciones sanitarias en la explotación, con el fin de garantizar un elevado grado de bienestar y salud del ganado.

• Por otra parte, se propone un aumento considerable del espacio disponible y la altura por animal en el interior del vehículo, que equivaldría a una reducción de entre el 20 y el 60 % (dependiendo de la especie) de la capacidad de los vehículos de transporte de animales.

Como consecuencia de ello, se multiplicará el número de camiones en las carreteras y, por lo tanto, aumentarán las emisiones de GEI y los costes suplementarios. Además, cuanto mayor sea el espacio entre los animales o por encima de ellos, mayor será el riesgo de que se lesionen, sobre todo durante la frenada o los giros de los camiones. Las normas vigentes en materia de densidad de la carga nos parecen óptimas para los animales.

• La exigencia de contar con veterinarios para supervisar la carga y descarga de los vehículos por norma general no es viable. De hecho, el 78,5 % de los países europeos encuestados confirmaron que faltan veterinarios en las zonas rurales y más apartadas. Sencilla y llanamente, no hay suficientes veterinarios disponibles para llevar a cabo este cometido.

En la evaluación de impacto no se tienen en cuenta todas las repercusiones de esta norma (sobre todo, si a ello se le suma la obligación de realizar el transporte por la noche). Además, los productores y los transportistas son capaces de cargar y descargar animales cumpliendo con las mismas exigencias.

• La nueva normativa obliga a registrar cada viaje en el sistema digital TRACES. Los controles oficiales no mejorarán con la informatización general de todos los datos del transporte en el sistema TRACES.

Tan solo se multiplicará la carga burocrática para los ganaderos y los transportistas y ni siquiera se corregirán de forma automática las lagunas existentes en cuanto a la cooperación entre las autoridades.

• Los centros de concentración son fundamentales para las explotaciones bovinas y porcinas de pequeño y mediano tamaño. No deberían considerarse el destino final ni tener que cumplir con el requisito de un periodo de espera de siete días. Un marco claro sobre las condiciones en los centros de concentración ofrece a los animales buenas condiciones de alimentación, hidratación y descanso.

• En cuanto a las normas relativas a los animales acuáticos, detectamos algunos elementos que no serían viables ni aplicables, por lo que deberían modificarse.

• Por último, consideramos que los periodos transitorios propuestos son a todas luces insuficientes en vista de los considerables y estructurales cambios que se exigen. Además, no se prevé ningún apoyo adicional para realizar semejantes cambios.

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