4 DE febrero DE 2026
Unións Agrarias (UU.AA.) informó a la Consellería de Medio Rural sobre la preocupación de numerosos productores gallegos ante las crecientes limitaciones burocráticas del Ministerio de Agricultura para la transmisión de tierras entre particulares en régimen de arrendamiento.
Hasta ahora, la obligación establecida por el Real Decreto 1048/2022 de identificar al arrendador con el NIF en los contratos que afectaban a más de una hectárea se amparaba en la existencia de un registro autonómico de parcelas que evitaba el fraude en la percepción de las ayudas de la PAC.
Esta excepción fue derogada en noviembre de 2025 por el Real Decreto 1039/2025, de 19 de noviembre, que modifica el Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.
La organización estima que el nuevo requisito tendrá un impacto muy desfavorable en Galicia, tanto por el reparto de tierras, caracterizado por numerosos propietarios y herencias complejas no reguladas y con herederos de familiares emigrados a América hace décadas, como por la desconfianza de los propietarios en que su NIF figure en una declaración PAC de los agricultores a los que transfieren las parcelas en condiciones precarias, con la condición de que las mantengan en buen estado y ahorren en gastos de desbroce para cumplir con la legislación de prevención y defensa contra incendios forestales.
Todo ello, añade Unions, hace prever que en la presente campaña se reducirá la superficie declarada en la Solicitud Única para no arriesgarse a posibles sanciones por no poder acreditar correctamente el NIF del titular catastral de las parcelas, lo que supondrá una pérdida de capacidad productiva de las explotaciones por reducción de su superficie forrajera o de cultivo y en consecuencia una reducción de los ingresos de las explotaciones por pérdida de ayudas de la PAC.
En resumen, concluye la organización agraria gallega, el nuevo requisito contradice la simplificación administrativa anunciada y supondrá un retraso en el proceso de solicitud: tanto por la obligación de cumplimentar el nuevo campo NIF en cada línea de declaración para superficies superiores a 1 hectárea, como por la obligación de los tramitadores de dejar las solicitudes sin finalizar mientras el solicitante solicita información sobre los NIF de los titulares catastrales.
El retraso en el proceso de solicitud reducirá el plazo de las autoridades gestoras para realizar los controles e imposibilitará el pago anticipado de la ayuda a partir del 16 de octubre, añade.
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