"Estamos claramente a favor del TTIP"

Emilio del Río. Portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados

Agrifood Comunicación.- ¿Ministerio de Agricultura o Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente?

Emilio del Río.- Las dos cosas. Por supuesto, de Agricultura, como demostramos al inicio de la legislatura recuperando para el Ministerio un nombre que había desaparecido y que considero fundamental. Pero también de Medio Ambiente porque creo que las dos ramas, la productiva y la medio ambiental, dependen directamente una de la otra. No creo, en modo alguno, que se trate de dos políticas antagónicas como puede haberse pensado, sino de dos áreas complementarias y que, por tanto, deben ir unidas.

A. C.- ¿Qué medidas piensan tomar para impulsar la incorporación de los jóvenes al campo?

E. R.- La incorporación de jóvenes ha sido una de nuestras grandes prioridades y, por ello, desde el Ministerio de Agricultura, en colaboración con las CC. AA., hemos incluido una medida para apoyar la creación de empresas agrarias por los jóvenes. Además hemos establecido la concesión automática de derechos de la reserva nacional del pago base, con los que podrán cobrar de forma permanente el pago base y el pago verde y la concesión, durante 5 años, de un complemento del pago base, para lo cual se dispone de hasta 98 millones de euros al año. Además se va a dar prioridad a las medidas para la incorporación de 15.000 jóvenes al campo español, en los próximos 7 años y a la diversificación económica del medio rural

A. C.- ¿Están a favor o en contra del TTIP? ¿Y de otros acuerdos bilaterales como el de Marruecos o el de Mercosur?

E. R.- Estamos claramente a favor porque estamos convencidos de que tendrá un efecto muy positivo para el conjunto del sector. No hay que olvidar que  EE. UU. es el primer destino para nuestras exportaciones dentro del grupo de países terceros con un volumen, el pasado año, de más de 1.600 millones de euros y con una gran capacidad de crecimiento a lo que, sin duda, puede contribuir este acuerdo. Pero esto no quiere decir que se apoye cualquier acuerdo y, tal y como la Comisión ha señalado, solo se va a negociar en aquellos aspectos en donde existan los mismos objetivos, lo que supone, por ejemplo, que no se va a modificar nuestra normativa ni sobre hormonas ni sobre organismos genéticamente modificados, los dos temas a los que con más frecuencia se alude.

En cuanto al resto de acuerdos creo que también son positivos pero que habrá que ir valorándolos caso por caso para ver su impacto y las posibles sensibilidades.

A. C.- ¿Consideran necesario modificar la PAC antes de 2020? ¿Se trataría de un ajuste de funcionamiento o de una reforma propiamente dicha?

E. R.- Creo, en primer lugar, que el equilibrio alcanzado en la última reforma fue muy difícil de conseguir y que el sector agrario necesita un marco normativo estable para desarrollar su actividad. Por tanto, antes de cualquier modificación es necesario ver los frutos de la última reforma que empezó a aplicarse el pasado año.

Nuestra idea es establecer foros de trabajo y reflexión para ir viendo como se está aplicando en los 28 Estados miembros, arreglar sobre la marcha cuestiones que se vea que no funcionan adecuadamente y proponer mejoras para simplificar los trámites burocráticos y aliviar así la presión a los agricultores, flexibilizar algunas cuestiones para que sean más operativas.

A. C.- ¿Están a favor o en contra de los impuestos a los alimentos?

E. R.- Creo que esa pregunta se responde repasando la acción de Gobierno de los últimos cuatro años. Tuvimos que hacer una reforma fiscal de calado, que era necesaria dada la situación en la que España se encontraba en 2011. Ya en su momento se realizaron estudios e informes (‘informe Lagares’), que aconsejaban una subida al 21% del IVA a los alimentos. Esa, como sabe, no ha sido la línea del Gobierno. Hemos mantenido el IVA superreducido del 4% en los alimentos básicos, como pan, huevos, frutas y leche y el IVA reducido al resto. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo mantener esos límites.

A. C.- ¿En qué consiste la política hidrológica de su partido?

E. R.- Hemos apostado desde el primer día por una política del agua en clave nacional, realista, solvente y solidaria, basada en una planificación  rigurosa, una gestión eficiente y un diálogo activo con todas las partes implicadas.  

El ingente esfuerzo realizado en los últimos años nos permite a día de hoy conocer las necesidades existentes, los recursos disponibles y las actuaciones que es necesario impulsar en cada territorio.

Abriremos un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua, cuyo objetivo será cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera. Todo ello, siempre, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial.

Impulsaremos un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua que incluya las medidas necesarias para la coordinación y aplicación de los planes hidrológicos de cuenca. En este marco, apostaremos por una gestión integrada de los recursos hídricos, que incorpore los recursos no convencionales, como el agua desalada. Fomentaremos la aplicación de nuevas tecnologías para reducir el consumo energético y, con ello, rebajar los costes para los usuarios.

Finalmente,  implantaremos las medidas contenidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación recientemente aprobados, que abarcan la mejora de los sistemas de información hidrológica, la previsión de avenidas, el desarrollo y conexión con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y los estudios sobre cambio climático, así como el impulso a actuaciones de conservación y mejora ambiental de cauces.

A. C.- ¿Tienen previsto modificar la Ley de la Cadena? ¿En qué sentido?

E. R.- En el marco de la Ley para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, propiciaremos la adscripción voluntaria de los empresarios del sector al Código de Buenas Prácticas Mercantiles y promocionaremos la figura del mediador en los contratos de compraventa para que ejerza sus funciones cuando surjan desacuerdos a fin de lograr un sector más sostenible y competitivo.

A. C.- ¿Están favor o en contra del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases?

E. R.- Nuestro objetivo es impulsar actuaciones que apoyen el desarrollo de una economía circular que fomente la reutilización y el reciclado de residuos, y los integre en los procesos de producción, como materia prima para nuevos productos.

Durante esta legislatura, se ha avanzado en la gestión de residuos, fruto de los esfuerzos realizados por todas las administraciones competentes, si bien queda camino por recorrer para que España alcance los objetivos europeos.

A. C.- ¿Qué estrategia seguirán para el fomento del desarrollo rural?

E. R.- Promoveremos una Ley marco de Desarrollo Rural, con especial atención a los jóvenes estableciendo mecanismos que faciliten el acceso a la tierra. Además vamos a apoyar la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo Rural tanto el nacional como los autonómicos.

A. C.- ¿Cuáles serían sus prioridades a nivel de innovación dentro del sector y cómo las desarrollarían?

E. R.- Vamos a seguir desarrollando el Programa nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal con el fin de mejorar la adaptación de productos y procesos a las exigencias del mercado global. Se pondrá en marcha un Observatorio de la Innovación para realizar un seguimiento de la aplicación de la innovación el sector.

A. C.- ¿Contemplan en su programa modificar la fiscalidad agraria?

E. R.- No. Antes al contrario, el Gobierno pretende, como hizo en la pasada legislatura, mejorar la renta de agricultores y ganaderos, preservando la especificidad del ámbito agrario mediante el mantenimiento de la figura de los módulos, que permiten ajustar la fiscalidad anual en función de las circunstancias acaecidas en cada campaña. En un contexto de reforma fiscal generalizada, el Gobierno supo reconocer las necesidades concretas del campo y lo reflejó en el diseño del sistema fiscal. Lo mismo ocurrió con el mantenimiento del régimen simplificado del IVA.  Aunque esto no se cuantifica económicamente, es de indudable importancia para cerca de un millón de agricultores, que cuentan así con un sistema fiscal más sencillo y favorable. Y así seguirá siendo mientras gobierne el Partido Popular.