Devenir de la empresa familiar agraria

Francisco Amarillo Doblado, Analista Agrario

Acaba de salir a información pública la ley de Agricultura Familiar, un título prometedor, aunque no muy original, por cierto, con alusiones explícitas a su antecesora de hace tres décadas. Si entendemos que un buen político, sea tirio o troyano, tiene que legislar para el presente pensando en el futuro, legislar sobre la agricultura familiar tiene considerables riesgos.

Ser zahorí de la Historia es un oficio imposible y, sin embargo, imprescindible. Pero, aun así, tenemos las evidencias de que los avances tecnológicos han condicionado la dimensión de lo que denominamos genéricamente “agricultura familiar”, un cajón de sastre en el que caben muchas agriculturas. A principios del siglo XX, era la yunta de mulas quien marcaba la unidad dimensional de la agricultura familiar; el tractor, las cosechadoras y, en general, la mecanización del sector agrario cambiaron radicalmente la dimensión de la agricultura familiar, y las estructuras agrarias crujieron, expulsando a millones de agricultores del campo a la ciudad. Fueron días de “uvas de la ira”, como maravillosamente nos lo retrató Steinbeck. En España, fue uno de los factores que contribuyó al desencadenamiento de nuestra atroz guerra civil.

Estamos en la era de la informática, incluso de la inteligencia artificial. Ya algunos de nuestros tractores laborean sin conductor, desde un ordenador se establecen los turnos de riego o se ordena el manejo del ganado, y los drones hacen las tareas que se les ordenen. Esta es la explotación familiar agraria que no podemos olvidar a la hora de legislar, la cual, sin duda, tendrá una dimensión económica mayor que la actual. Serán mucho menos numerosas y no contribuirán —no pueden hacerlo— al mantenimiento de la población rural. Y, aunque en el mundo occidental del que formamos parte, el peso relativamente bajo del sector agrario junto a la penetración de la educación en el medio rural impide que las alteraciones que se produzcan por este cambio afecten de manera dramática, como ocurrió a principios del siglo XX, sí son necesarios elementos legales de tutela.

Es obvio que también hay que abordar lo ordinario, actualizando normativas y viabilizando el cumplimiento de la legislación de la UE, que es muy onerosa en muchas ocasiones para la empresa familiar agraria.

Hay datos que el propio proyecto de ley presenta como alarmantes. Nos dice que en la última década se han perdido en España el 7,6% de las empresas familiares agrarias, que el relevo generacional está en peligro, ya que el 41% de los jefes de explotación tiene más de 65 años, y que el despoblamiento rural se acentúa. En la última década, la población global creció un 2,6% y la rural disminuyó un 4,4%. Son datos sin duda muy importantes, que implican la existencia de una crisis derivada de la propia modernización del sector.

Otros sectores económicos, el industrial, por ejemplo, se ven obligados a transformaciones muy rápidas, y han aprendido a distinguir nítidamente entre los trabajadores de una industria y la optimización de esta, que muchas veces conlleva la pérdida de numerosos puestos de trabajo. La legislación debe contemplar ambas cosas, y así lo hace, bien en el mismo cuerpo legal o de manera específica. En el sector agrario hay que empezar a distinguir entre la empresa familiar agraria, como tal, y los agricultores y ganaderos que la componen, que, en bastantes casos, van a estar abocados a la salida de su actividad ordinaria. Si la empresa desaparece por imperativos de competitividad, hay que favorecer a ambos sectores: tanto al impulso de modernización como a los activos humanos, víctimas de la propia modernización. Recordemos que, en los años treinta del siglo pasado, hubo quien pensó que la mejor manera de salvar a los segadores era quemar las cosechadoras. Afortunadamente, estamos muy lejos de aquellos postulados, pero entre la complejidad que representa la separación de los activos humanos de los estrictamente económicos en la empresa familiar agraria y las inercias legislativas, que dan comodidad a la limpieza del camino pero dificultan abrir otros nuevos, se está retrasando demasiado abordar estas cuestiones.