El marco medioambiental que se avecina (1ª PARTE)

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

El sector productor agroalimentario se tendrá que enfrentar y va a verse afectado a partir de 2023 por una serie de normativas y reglamentaciones comunitarias y nacionales que irán entrando en vigor.  El grado de afección real o de impacto es ahora, por supuesto, difícil de concretar, porque se irá viendo de manera gradual a lo largo de los siguientes años y dependerá de múltiples factores más o menos directos o indirectos.

Dada la situación que vive la economía hoy en día, son muchas las voces que estamos señalando que habría que ralentizar el ritmo de aplicación de todo lo que viene desde Bruselas al sector agroalimentario en materia medioambiental, pero tendríamos que ser todos más contundentes en todos los estados miembros para que esto se tuviera en cuenta, porque si la normativa se aplica al ritmo que quiere la Comisión Europea muchos operadores tendrán todavía más problemas. Y dicho esto, vamos al comienzo de la cuestión.

La Comisión Europea decidió integrar de manera trasversal la política medioambiental en las demás políticas comunitarias, como queda reflejado en el Pacto Verde Europeo. Entre las herramientas principales de ese pacto que inciden en el sector agrario, es decir, en la PAC, están las Estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030”, cuyo fin último es diseñar e ir hacia un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y de la Agenda 2030.

Ambas Estrategias imponen unos objetivos ambientales más concretos y ambiciosos en el ámbito de la actividad agrícola y ganadera, referidos a la fertilización sostenible y al buen estado agronómico de los suelos, al uso sostenible de fitosanitarios, la disminución del uso de antimicrobianos en ganadería y a la mejora integral del bienestar de los animales, entre otros que veremos a continuación de forma más detallada.

No obstante, algunos estudios aún parciales y genéricos, llevados a cabo por Universidades, por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y por el propio Centro Común de Investigación (CCI/JRC) de la Comisión Europea coinciden en la orientación y advierten que la aplicación estricta de alguno de los objetivos concretos de ambas estrategias, incidirán en los próximos años en una caída de rendimientos productivos de buena parte de los sectores agrarios afectados por la aplicación de normativas medioambientales mucho más exigentes.

Hay también muchos analistas que recuerdan que dichas Estrategias, incluidas en el marco del Pacto Verde Europeo, se diseñaron mucho antes que el mundo conociera y sufriera la crisis, aún inacabada, del Covid-19, y de que se viera inmerso en la incertidumbre sobre el suministro de insumos y materias primas alimentaria, que está suponiendo la invasión rusa de Ucrania.

Estos acontecimientos del todo inesperados han incrementado de manera desorbitada los costes energéticos y, por ende, los precios de los alimentos, debido a los problemas de garantía de suministro suficiente y de los “cuellos de botella” logísticos en la oferta alimentaria, ante una recuperación de la demanda más fuerte de lo previsto, tras salir del periodo más álgido (2020 y 2021) de la pandemia.

La seguridad alimentaria, que se daba casi por supuesta hace un par de años y que había quedado relegada en las prioridades políticas a nivel mundial, ha pasado ahora a un primer plano, aparcando un poco (que no olvidando) las cuestiones medioambientales, cuyo fin es reducir a más de la mitad las emisiones contaminantes de CO2 a la atmósfera de aquí a 2030. En estos momentos, quizás, no se trata tanto de enfrentar seguridad con sostenibilidad alimentaria, como de buscar el adecuado equilibrio entre una y otra. Así pues, seguridad alimentaria, sí, sin duda y con urgencia; sostenibilidad en la producción, transformación y distribución de alimentos, también.

Con relación a la mayor orientación medioambiental de la Política Agraria Común (PAC), se busca en buena medida que la misma contribuya también con determinadas prácticas agrícolas y de forma real (mediante objetivos mensurables que lo avalen) a la lucha contra el cambio climático, a una mayor protección del medio ambiente y a evitar la pérdida de biodiversidad, a cambio de concentrar ahí una parte de los apoyos económicos directos.

Muchas de estas prácticas agrícolas y ganaderas (ecorregímenes, condicionalidad reforzada, agricultura ecológica, bienestar animal…etc.) se están llevando a cabo ya de alguna manera, por lo que se trataría principalmente de poner mayor celo en las mismas y, sobre todo, de medir de forma objetiva sus efectos reales para darlos a conocer a la sociedad.

Pero analicemos de forma concreta algunos de los “papeles” que regirán el futuro de la producción de alimentos en Europa, aunque no sabemos si también en otras partes del mundo, a pesar de las llamadas clausulas espejo que se quieren desarrollar en los próximos meses.

“De la granja a la mesa”

En la presentación en su día de esta estrategia se señalaba ya que todas y cada una las acciones a poner en marcha debían estar en consonancia con una mejora de la legislación actual, pero incluir también las valoraciones y evaluaciones de impacto correspondientes.

Esto último, sin embargo, es lo que la Comisión Europea aún no ha hecho, por lo que la afección que puedan tener cada una estas medidas sobre el sector agrario y agroalimentario, aunque puedan sospecharse o estimarse, resultan una incógnita.

Más fácil es suponer, sin duda, las consecuencias positivas y lógicas que tales acciones tendrán para la mejora del medio ambiente y del clima, pero poco o nada prácticamente se analizan las consecuencias económicas y sociales que, la aplicación estricta de esas medidas, tendrían para las explotaciones agro-ganaderas.

Las acciones más importantes que la CE tiene previsto implementar o que ya han puesto en marcha en el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa”, a fin de garantizar una producción alimentaria sostenible son:

- Propuesta de revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas para reducir de forma significativa (50% de aquí a 2030) el uso y el riesgo de los mismos, sobre todo de los más peligrosos, así como la dependencia que de ellos tiene el sector agrícola, junto a mejorar la Gestión Integrada de Plagas (GIP), prohibiendo su uso en las zonas Natura 2000. Existe ya un proyecto de Real Decreto (RD) del MAPA por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en suelos agrarios, pero la propuesta reglamentaria de la UE suscita un importante rechazo entre la mayor parte de los Estados miembros que lo ven inasumible en las actuales circunstancias.

- Revisión de los reglamentos de ejecución pertinentes en el marco de los productos fitosanitarios para facilitar la introducción en el mercado de estos insumos que contengan sustancias activas biológicas. Existe también un proyecto de RD con disposiciones para conseguir una reducción del riesgo en el uso de productos fitosanitarios.

- Propuesta de revisión del Reglamento relativo a las estadísticas de plaguicidas para subsanar las carencias de datos y reforzar la elaboración de políticas basadas en pruebas. De hecho, la propuesta reglamentaria sobre reducción de plaguicidas se basó en estadísticas no demasiado rigurosas y poco actuales del periodo 2015-2017.

- Plan de acción para la gestión integrada de nutrientes en al menos un 50% sin deteriorar la fertilidad del suelo y evitar la contaminación por uso excesivo de abonos minerales fósiles (nitrógeno, fósforo), con el objetivo de reducir el uso de fertilizantes al menos un 20% en 2030. El MAPA prepara también una normativa con esa misma orientación para controlar y reducir el uso de abonos inorgánicos simples y compuestos, así como fomentar el uso de abonos más sostenibles (de tipo biológico u orgánico), con menos efectos adversos sobre el medio ambiente, y de ayudas para impulsar la fertilización de precisión.

- Evaluación y revisión de la legislación vigente en materia de bienestar animal, incluido la relativa al transporte y sacrificio de animales, para actualizar la normativa actual y hacerla si cabe más exigente. El MAPA prepara un RD que establecerá disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la UE sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, sí como otro RD que establece las condiciones básicas en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera, y prepara otro RD ayudas para inversiones en este ámbito. También aprobó recientemente la ordenación de explotaciones de ganado bovino, que complementa la ya existente para ganado porcino y avícola. Hay, sin embargo, división de opiniones de los Estados miembros sobre el transporte de animales y su duración.

- Revisión de los reglamentos sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos para la reducción en un 50% en 2030 de las ventas de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura. Hay un proyecto RD por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero, complementario al Plan Reduce del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de 2014. También prepara otro RD sobre sanidad animal en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de explotación y al Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas.

 - Propuesta de revisión del Reglamento de aditivos para piensos, a fin de reducir el impacto medioambiental de la ganadería, menor dependencia de materias primas críticas y fomento de cultivos proteicos y otras alternativas alimentarias (algas, insectos…).

- Propuesta de revisión del Reglamento sobre la Red de Información Contable Agrícola (RICA) para transformarla en una Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola (FSDN), con vistas a contribuir a la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Se trata de integrar datos medioambientales e incluso sociales de las explotaciones agrícolas europeas.

- Iniciativas legislativas para mejorar la cooperación de los productores primarios, a fin de apoyar su posición en la cadena alimentaria y de iniciativas no legislativas para aumentar la transparencia.

- Iniciativa de la UE sobre la captura de carbono en suelos agrícolas. Esta iniciativa, presentada recientemente por la Comisión, sigue estando muy verde aún y está ligada con toda la política reglamentaria en materia de clima, energía y transporte, que está promoviendo la CE dentro del amplio paquete legislativo “Fit for 55” (“Objetivo 55”) para la descarbonización progresiva de la economía de la UE con el fin de lograr (objetivo vinculante) la neutralidad climática de aquí a 2050, pasando por el objetivo intermedio de reducir emisiones contaminantes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en al menos un 55% de aquí a 2030.

Este amplio paquete incluye propuestas legislativas e iniciativas de actuación sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) para recortar emisiones en los sectores afectados del 61% de aquí a 2030 (respecto a los valores de 2005); el Reglamento de Reparto del Esfuerzo para reducir emisiones de los Estados miembros, elevándolo del 29% a más del 40% (al incluir la propuesta de revisión del reglamento sobre el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, UTCUTS/LULUCF); revisión de la Directiva sobre Fuentes de Energía Renovables; revisión de la Directiva de Eficiencia Energética; propuesta sobre un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC); propuesta sobre el Fondo Social para el Clima, etcétera.

- Propuesta reglamentaria de revisión de los programas de promoción de productos agrarios para fomentar la sostenibilidad de la producción, que también ha generado mucha controversia porque los grupos animalistas de Bruselas están presionando para que se excluya a los productos de origen animal de estas iniciativas.

- Iniciativa para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el comercio minorista y por los consumidores de aquí a 2030, y reducir las pérdidas de alimentos a las largo de las cadenas de producción de alimentos y de suministro. El Gobierno tiene previsto una Ley “ad hoc” del MAPA, a principios de 2023, tras su aprobación parlamentaria.

- Revisión de la normativa de la UE sobre la indicación de fechas de los alimentos (fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.

“Biodiversidad 2030” (“Devolver la naturaleza a nuestras vidas”)

- Identificación y designación de áreas protegidas adicionales y de corredores ecológicos sobre la planificación adecuada de la gestión y posterior evaluación del progreso en el cumplimiento de objetivos para 2030 en las mismas para ver si es necesaria una acción adicional, legislativa u otra. Mínimo de un 10% de tierras agrícolas destinadas a elementos variados del paisaje (barbechos, árboles no productivos, bandas tampón, setos, muros…).

- Propuesta de objetivos de restauración de la Naturaleza y orientación para la selección de especies y hábitats para garantizar que al menos el 30% de las especies y hábitats protegidos que actualmente no están en un estado favorable lo estén en esa categoría para 2030 o muestren una tendencia positiva.

- Revisión de la iniciativa de polinizadores de la Unión Europea y fomento de la flora y fauna silvestre protectora de los cultivos.

- Medidas para garantizar que los Planes Estratégicos de la PAC establezcan valores nacionales explícitos para los objetivos relevantes de las Estrategias de Biodiversidad y “De la granja a la mesa”, respaldados, entre otros, por los instrumentos de la PAC y la implementación de la Directiva sobre Hábitats. Esto se incluye ya en el PEPAC enviado por el MAPA a Bruselas, dentro de la condicionalidad reforzada de los pagos directos.

- Plan de Acción de la Agricultura Ecológica Horizonte 2026, con el fin de conseguir que, al menos, el 25% de la Superficie Agrícola utilizada (SAU) de la UE se dedique a la agricultura ecológica, así como para estimular la oferta y demanda de productos ecológicos. Apoyo también a la Acuicultura ecológica. El MAPA prepara también la normativa estatal.

- Revisión de la Estrategia temática para la protección del suelo, que enlaza con las medidas previstas sobre nutrientes y medioambientales para frenar la erosión y desertificación.

- Nueva Estrategia Forestal de la UE, que incluye una “hoja de ruta” para plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales en la UE para 2030.

- Revisión de los datos sobre biocombustibles con alto riesgo indirecto de cambio en el uso del suelo y establecimiento de una trayectoria para su eliminación gradual para 2030.

- Nuevo plan de acción para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos.

- Orientación técnica a los Estados miembros sobre sus medidas para revisar la extracción de agua y los permisos de embalse y para restaurar los flujos ecológicos en los Planes revisados de Gestión de Cuenca.